Cansados de ser víctimas del conflicto armado que sacude al país desde hace 48 años, un sector de los indígenas colombianos de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo negocia con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos una solución a los problemas de seguridad y desarrollo de esta región.

Como resultados de los diálogos, el gobierno se ha comprometido en instalar cuatro “mesas integrales” en las que  abordarán diferentes temas para lograr la paz en la región, cuyos resultados estarán listos en dos meses.

Los indígenas están optimistas por los avances, pero advierten que si no logran un acuerdo favorable emprenderán protestas por el país para exigir que todos los actores armados del conflicto, tanto fuerzas militares como la guerrilla desocupen sus territorios ancestrales.

El consejero indígena Jesús Chávez señaló que si no se llega pronto a un acuerdo general nos “uniremos con campesinos, afrodescendientes y líderes urbanos, para rechazar, a una sola voz, los actos de violencia que se registran en sus territorios”.

Sin embargo, Chávez resalta la voluntad política de Santos para solucionar el conflicto y augura buenos resultados ya que el mandatario levantó el bastón de mando reafirmando su “compromiso con los asuntos de la paz que empiezan en esta comunidad”.

Este hecho se dio durante una reunión celebrada en agosto, en la que el presidente Santo pidió perdón a los indígenas del Cauca por las víctimas que ha dejado la violencia en la región. La cita se realizó un mes después de que miembros de la etnia Nasa-Páez, del norte de Cauca, desalojaran por 24 horas a soldados de un puesto militar ubicado en una montaña de la localidad de Toribío, en su intención de expulsar a los militares y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de sus asentamientos.

Entre enero y julio de este año, 54 indígenas han sido asesinados en Colombia, especialmente en el departamento de Cauca (25,6% del total de esos crímenes), según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). El departamento del Cauca es una de las regiones de Colombia donde es más intenso el conflicto armado y es señalado también como una zona importante de cultivos de marihuana y coca, así como un estratégico corredor para la salida de drogas hacia el océano Pacífico.

Según el consejero indígena el objetivo “es llamar al gobierno a que proporcione un tratamiento especial al conflicto armado que se está viviendo en el Cauca, donde los más afectados son las poblaciones autóctonas y campesinas”.
Debido a que los roces entre el gobierno, los indígenas y los militares han crecido, el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, ha expresado su interés de prestar sus servicios como mediador.

En diálogo con  El Telégrafo, Mockus indica que su participación en los diálogos dependerá de la autorización de los representantes del gobierno y los líderes indígenas. “Trataría de ayudar a romper el cierre que se ha dado y que es la solución del rompecabezas más factible”, precisó Mockus.

El relator de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, por su parte, instó al gobierno a que avance en el proceso de diálogo con los indígenas del Cauca para resolver la tensión que se vive por la presencia militar en la región.

Anaya recordó “los derechos de propiedad y de autonomía que tienen los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales”. Además, remarcó la necesidad de que estos derechos se respeten y de que se consulte con las comunidades antes de establecer cualquier presencia militar en su territorio.

Lo complicado de este problema, es que el malestar de los indígenas puede extenderse por el país, asegura el sociólogo de la Universidad Nacional, Germán Urdaneta. “El gobierno sabe que debe luchar contrarreloj para que las protestas de los indígenas del Cauca no se extiendan a otras regiones, como Guajira, Putumayo, Nariño, Casanare y los Llanos Orientales.