Bogotá.-

Los indígenas que desalojaron al Ejército colombiano que protegía un cerro con antenas de telecomunicaciones civiles en Toribío, localidad del convulso departamento del Cauca, pidieron ayer que el ex juez español Baltasar Garzón actúe como su interlocutor con el Gobierno.

La acción de los indígenas se registró un día después de la visita del presidente colombiano, Juan Manuel Santos,  quien se negó a desmilitarizar la zona, donde el conflicto armado genera más violencia.

Esta comunidad exige la retirada de la zona de los militares y de la guerrilla, a los que culpa de los recientes ataques que han causado la muerte de dos menores y varios heridos en los últimos días.

Los integrantes de la llamada Guardia Indígena desmontaron las garitas y cubrieron las trincheras de los militares, que tenían su base en el cerro Berlín, situado a una hora de camino del casco urbano de Toribío, y tomaron el control del lugar.

Carlos Alfonso, uno de los líderes de la etnia nasa, indicó desde el puesto del Ejército que persistirán en su empeño de lograr el retiro tanto del ejército como de los grupos  insurgentes,  aunque los militares les dijeron que cumplían órdenes y no podían abandonar la zona.

Por ello Alonso solicitó en nombre de los indígenas que Garzón actúe de interlocutor con el Gobierno para abrir un diálogo. La petición responde a que el ex juez de la Audiencia Nacional de España colaboró años atrás en la defensa de los derechos de las comunidades aborígenes del Cauca.

En medio del conflicto armado, las FARC entregaron ayer los restos de una nave militar, junto al cuerpo de uno de los tripulantes del avión Supertucano, que afirman haber derribado el miércoles cuando apoyaba operaciones contra la guerrilla, en Toribío, Cauca.

El comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, general Tito Pinilla, informó que el Supertucano era tripulado por el teniente Andrés Solano, de 29 años, y el suboficial Óscar Castillo, de 38 años, cuyos cuerpos quedaron en poder de la guerrilla tras ser derribados.