Un total de 65 miembros de comunidades indígenas fueron asesinados en Colombia tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016.

Así lo denunció la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia en su “Balance general de vulneraciones a los DD.HH. e infracciones contra los pueblos indígenas”, presentado en Bogotá.

“Los pueblos indígenas, siendo el 3,4% de la población nacional, somos el 2,9% de las víctimas, esto quiere decir que al menos el 20% de los indígenas del país han sido afectados por algún hecho victimizante”, manifestó Carmen Rosa Guerra Ariza, abogada de dicha Comisión.

Según Guerra, perteneciente a la familia Kankuama, durante el período posterior al acuerdo se han cometido un total de 18.654 hechos victimizantes, de los cuales 1.204 fueron amenazas y 11.445 desplazamiento forzado.

El informe también especificó que se han cometido 79 atentados, 20 casos de abusos sexuales, 13 desapariciones forzadas, 7 secuestros, 8 torturas, entre otros.

Los principales grupos señalados de cometer estos crímenes son grupos herederos del paramilitarismo, guerrillas y disidentes de las FARC, ahora convertida en partido político.

Las poblaciones indígenas más afectadas por estos hechos fueron los Embera Chamí, Embera Katío y Wounan en el departamento de Chocó (oeste) con 2.253 actos, seguido por los Nasa, Wounan y Kokonuco en Cauca (suroeste) con 1.110.

De igual forma, los grupos Emberá Chamí, Nasa y Wounan en el Valle del Cauca (suroeste) sufrieron 447 hechos violatorios de derechos humanos, mientras que los Zenú y Embera Katío de Antioquia (noroeste) registraron 79 actos.

Con estos datos, los pueblos indígenas denunciarán el próximo 9 de mayo la violación de sus derechos durante una audiencia del 168 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Santo Domingo, República Dominicana.

“Vamos a insistir ante la CIDH que el Estado colombiano comience a cumplir sus obligaciones con los pueblos indígenas, los intereses económicos no pueden pasar por encima al derecho a la vida de los pueblos, entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no puede ser una prioridad cuando enfrentamos estas situaciones”, agregó Guerra.

“Creíamos que después del acuerdo de paz llegaría la tranquilidad. Al contrario, no dormimos tranquilos dentro de nuestros tambos, hay confinamientos dentro de los resguardos porque temen a las bombas, han caído jóvenes, mujeres, niños”, relató Luis Ángel Manyoma, líder del pueblo Embera, perteneciente al selvático y empobrecido departamento del Chocó (noroeste).

La CIDH concedió una audiencia a la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas para el próximo 10 de mayo en la que escucharán sus reclamos, afirmó la ONG, que espera que se decreten medidas cautelares para salvaguardar sus derechos en el posconflicto.

A pesar de la firma del acuerdo de paz con la exguerrilla comunista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016, “en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador), la reparamilitarización aumentó, con la presencia de 17 grupos armados al margen de la ley, de cortes paramilitares y subversivos”, declaró John Jairo Tapie, del pueblo Pasto.

Este año 570 indígenas pastos quedaron en medio de un combate entre la guerrilla guevarista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el último grupo rebelde reconocido por el gobierno, y el frente disidente de las FARC Oliver Sinisterra, por lo que tuvieron que huir a Ecuador, agregó. (I)