La sucursal de Texas de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) exigió 100 millones de dólares como indemnización en nombre de la familia de Claudia Patricia Gómez González, quien murió en mayo de 2018 al recibir un disparo de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en la localidad de Río Bravo (Texas).

"Mamita vamos a salir adelante, voy a ganar dinero", con esa frase la joven, que entonces tenía 19 años, se despidió de su familia el 7 de mayo de 2018 en la pequeña aldea guatemalteca de La Victoria antes de emprender un largo viaje en búsqueda de nuevas oportunidades y una nueva vida en EE.UU.

Más tarde, Gómez González cruzó la frontera entre EE.UU. y México en Texas junto con un grupo de migrantes que se enfrentó a un agente de la Patrulla Fronteriza, que abrió fuego. Su identidad no ha sido revelada.

La reclamación, que fue presentada un año después del fallecimiento de Gómez González, señala que la guatemalteca "no representaba amenaza para nadie", ya que estaba desarmada y no huía como lo hacían otras personas del grupo.

"Nuestro Gobierno tiene la responsabilidad de tratar a todos legalmente, humanamente y con respeto, independientemente de cómo llegaron a este país", declaró Andre Segura, director jurídico de la ACLU de Texas.

La presentación de la reclamación se produce mientras que el Gobierno de EE.UU. lidia con el creciente número de centroamericanos que cruzan la frontera sur. Además, 6 niños murieron este año después de que fueran detenidos por las autoridades migratorias de EE.UU.

Claudia Patricia Gómez González se fue de Guatemala sin permiso de su familia en busca de una vida mejor, porque a pesar de haberse graduado como contadora no lograba encontrar trabajo en su tierra natal.

"Mi hija se fue por necesidad, no robó nada", señaló la madre de la joven en una entrevista con medios locales. (I)