Las autoridades de Sudán han anunciado el hallazgo de una nueva fosa común que podría contener los cuerpos de desaparecidos durante una masacre de manifestantes que se habían concentrado en la capital, Jartum, para reclamar a la junta militar que traspasara el poder a las autoridades civiles.

Los incidentes, conocidos como la masacre de Ramadán 29, se saldaron con la muerte de cerca de 130 personas y con cerca de 700 heridos y estallaron cuando las fuerzas de seguridad procedieron a desmantelar por la fuerza una acampada de protesta frente a la sede del Ministerio de Defensa.

El comité creado por la Fiscalía para investigar los casos de desaparición ha resaltado que las víctimas "fueron asesinadas y enterradas de una forma contraria a la dignidad humana", antes de agregar que "se hará todo lo posible" para exhumar los cadáveres y darles un entierro digno.

Asimismo, ha recalcado que presentará a la población las conclusiones de las investigaciones para garantizar total transparencia y que los responsables de la masacre rindan cuentas, según ha informado la emisora sudanesa Radio Dabanga.

La masacre fue el incidente más sangriento en el país desde que la junta se hizo con el poder tras el golpe de Estado militar en abril de 2019 contra el entonces presidente, Omar Hasán al Bashir, y provocó condenas por parte de la comunidad internacional.

La oposición y los supervivientes acusaron a las Fuerzas de Apoyo Rápido, bajo las órdenes del "número dos" de la junta militar, el general Mohamed Hamdan Dagalo, alias "Hemedti", de estar detrás del asalto. "Hemedti", ahora "número dos" del Consejo Soberano, ha prometido investigar lo sucedido.

El Consejo Soberano es parte de las autoridades establecidas en el país en el marco de la transición, así como el Gobierno que encabeza Abdalá Hamdok como primer ministro, Hamdok ha hecho hincapié en que habrá rendición de cuentas por los abusos y crímenes contra manifestantes. (I)