En el departamento de Caquetá, en el sur de Colombia, crecen los reportes sobre el fortalecimiento de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC y el aumento de los cultivos de coca.

La tensión que acompaña estos rumores entorpece los trabajos de desminado humanitario, una labor clave para el posconflicto y una de las primeras señales que sintieron los caqueteños de que la paz había llegado a su territorio. “Hay presión”, dice un habitante de la zona, que prefiere no dar su nombre por miedo a los armados. “No es secreto para nadie que las disidencias están volviendo a surgir”.

Con algo de frustración dice que ya se había “malacostumbrado a la paz”, pero ahora está volviendo a sentir tensión y zozobra, la misma que no lo deja hablar con libertad y lo lleva a bajar la voz cuando se refiere a grupos armados.

El miedo en las zonas históricamente azotadas por la violencia en Colombia tiene resultados muy reales, haya o no pruebas materiales de los daños. En el caso del Caquetá afecta, entre otras cosas, las iniciativas de desminado humanitario como las que desarrolla Ayuda Popular Noruega (APN) en el municipio de Milán.

Leidy Vargas, oficial de operaciones de estudio no técnico de la APN en la zona, explica que en el departamento se pueden ver las diferentes caras de la actual situación de seguridad en Colombia. “En un solo departamento hay dinámicas totalmente diferentes en tres municipios, y eso que no están muy lejos geográficamente”.

Se refiere a los municipios de Morelia, Milán y Cartagena del Chairá, que le fueron asignados a esta organización civil para que fueran desminados.

En Morelia, después de hacer el estudio no técnico, no se identificaron áreas con sospecha de presencia de minas antipersonales.

La comunidad explicó que vivieron el conflicto, pero nunca se vieron afectados por artefactos explosivos, por lo que allí la situación de seguridad parece no presentar amenazas inminentes. “Esperamos que pronto podamos hacer entrega del municipio como libre de sospecha de minas”.

Otro es el escenario en Milán, un municipio donde se han encontrado áreas con presencia confirmada de artefactos explosivos y áreas con sospecha. “Tenemos sectores de despeje que están activos y sectores a los que no hemos podido llegar por temas de seguridad”.

Aunque en Milán el proceso de desminado ha podido avanzar, hay algunos aspectos que se han demorado por diferentes razones; la más grave es la presión de grupos armados, que impide que se descontamine la zona.

Por su parte, en Cartagena del Chairá, la APN no ha podido ni siquiera hacer un enlace con la Alcaldía por motivos de seguridad. “Nosotros quisiéramos ir a Cartagena del Chairá porque es un municipio grande que tiene mucha información sobre afectación por minas. Si pudiéramos entrar tendríamos mucho trabajo”, dice Leidy.

La tensión en la región es perceptible. Al llegar a la zona rural de Milán es muy fácil notar una cierta desconfianza hacia cualquier actor externo. Antes de cualquier conversación los habitantes de la zona preguntan varias veces quién lo entrevista y qué hace allá, así la persona haya sido presentada por alguien de confianza.

“Cuando vimos llegar a los desminadores sentimos tensión. Entonces uno lo primero que se pregunta es qué beneficios nos traerá y qué problemas porque así es que uno aprende a pensar”, dice un habitante de la zona que prefiere mantener reservado su nombre. Ese tipo de cálculo mental es el que las comunidades hacen en todo momento, con cada palabra.

El miedo de muchos caqueteños tiene explicaciones históricas. Este departamento fue un fortín de la guerrilla de las FARC desde la década de los 80. Durante ese tiempo, el Frente 14 de esa guerrilla desarrolló una relación con las comunidades, así como una estrategia de guerra clara y una amplia experiencia en el negocio de la coca. (I)