Más de una hora pegados a la radio y a las computadoras esperaron miles de mexicanos. El Gobierno había anunciado una conferencia de prensa para las 14:00 de ayer y como reguero de pólvora corrió la noticia: se esperaba el peor de los anuncios deseables.  

Pasadas las 15:00, titubeante, visiblemente nervioso y con un rostro de pocas sonrisas, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, inició la extensa conferencia afirmando: “los testimonios apuntan al homicidio de un número muy amplio de personas en la zona del basurero de Cocula”, aledaño a Iguala, donde 6 personas fueron asesinadas y 43 desaparecidas durante la noche del 26 de septiembre.

Todos eran estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.  

En su extensa alocución expuso testimonios de presuntos responsable de las acciones y con base en eso aseguró que los jóvenes habrían sido incinerados “desde la medianoche hasta las 14:00 o 15:00”.

Detalló que para quemar los cuerpos se habrían usado “diésel, gasolina, llantas y leña”. Luego los restos fueron colocados en bolsas negras, las cuales fueron encontradas por policías federales.

Debido al alto grado de degradación de los restos, Murillo Karam admitió que será “muy difícil la identificación” de las víctimas. Anunció que los estudios denominados mitocondriales para determinar el ADN de los restos se harán en la Universidad de Innsbruck, en Austria, pero por el grado de calcinación no se puede dar una fecha definida para la entrega de resultados.

Aunque el énfasis del funcionario estuvo en la descripción detallada del supuesto destino final de los estudiantes de Ayotzinapa, no pudo asegurar que los restos pertenecieran a los 43 jóvenes.

El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, están detenidos, acusados de ser autores intelectuales de la desaparición de los normalistas. Además, hay varios uniformados involucrados en este caso.  

Desde México DF, uno de los dirigentes de los normalistas, Omar García, expresó su inconformidad: “Este anuncio (del Procurador) podían haberlo hecho hace 10 días; esta información ya la tenían y la han prolongado”. Hace varios días el Gobierno mexicano ya había mencionado sobre hallazgos en el basurero de Cocula. “Hasta que no haya una prueba contundente no vamos a poder aceptar esto”, añadió.

Murillo dijo que no hay evidencia de que los estudiantes formaran parte de algún grupo criminal. Según él, la investigación queda abierta hasta identificar todos los restos; mientras, los normalistas se seguirán considerando como desaparecidos para efectos de la investigación, que ha tardado más de lo debido según los familiares.

Padres mantienen la esperanza

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos insistieron en que estos siguen con vida y rechazaron los testimonios de los detenidos. “Mientras no haya pruebas, nuestros hijos están vivos”, recalcó Felipe de la Cruz, vocero de los progenitores, en una conferencia de prensa ofrecida en la escuela de la comunidad de Ayotzinapa (sur) a la que pertenecen los desaparecidos.

“Ellos dicen lo que dicen que es su verdad, para nosotros es una mentira más”, afirmó de la Cruz.

Los padres pidieron al gobierno continuar con la búsqueda de sus hijos y permitir la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exhaustos, anticipan que solo creerán los peritajes que realice un grupo independiente de forenses argentinos a los que invitaron a participar en la investigación.

De la Cruz acusó al gobierno de querer facilitar la partida el domingo (mañana)del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a una gira prevista por China y Australia para participar en las cumbres de APEC y G-20.

El mandatario acortó 4 días esa gira, pero mantuvo el viaje pese a las multitudinarias movilizaciones que se repiten en México y los reclamos internacionales por parte de la ONU y Estados Unidos para que esclarezca el caso.

CIDH se pronunció

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo ayer que es “muy pronto” para definir su participación en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.

La presidenta del organismo, Tracy Robinson, afirmó que “es muy pronto para decir qué rol específico tendría la Comisión” en este caso, que conmociona a México y a la comunidad internacional.

La Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de los 43 estudiantes pocos días después de su desaparición, a finales de septiembre. Pero la semana pasada, al margen del periodo de audiencias de la CIDH en Washington, organizaciones civiles y el gobierno mexicano solicitaron adicionalmente al organismo su asistencia técnica para hallar a los estudiantes. En un comunicado, la CIDH lamentó los pocos progresos en hallarlos.