Iguala, una ciudad tomada por fuerzas federales mexicanas tras la desaparición de 43 estudiantes hace 15 días, no supera el temor que ha sufrido entre una policía corrupta y varios carteles peleándose a muerte.

La búsqueda de cuerpos continuó el sábado pasado en 4 nuevas fosas clandestinas halladas en Iguala (sur), donde se cree que fueron sepultados varios de los estudiantes, desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre, que fueron brutalmente atacados por policías locales y sicarios. Cerca de allí fueron encontradas, el 4 de octubre, otras 5 fosas con 28 cadáveres calcinados.

Ayer, la Fiscalía General informó que, según exámenes de ADN, entre estos 28 cuerpos no hay ninguno de los estudiantes desaparecidos. “De las primeras fosas encontradas, de las cuales ya tenemos algunos resultados, les puedo decir que no corresponden a los ADN” que los familiares de estos jóvenes han dado, dijo el fiscal, Jesús Murillo Karam.

Los peritajes de estos primeros cuerpos hallados se han demorado diez días por el estado de incineración de los restos, explicó. Ayer fue encontrada otra fosa con un número no determinado de cuerpos, que también están siendo analizados.

Hace años que habitantes de la zona montañosa, donde trabajan los peritos, no salen de sus casas en la noche por temor a criminales que llegan para deshacerse de víctimas.

A veces se escuchaban “gritos de hombres, bien feo. La otra vez, clarito se oía a una persona, parecía que la estaban mochando (amputando) con machetes, y también se escuchaban las risas de otros 2”, relata Beto García, agricultor.

Disturbios en Guerrero

La noche del lunes, la situación tomó otro giro. Cientos de estudiantes y maestros mexicanos incendiaron, parcialmente, el complejo de edificios de gobierno del estado de Guerrero (sur) en una jornada de fuertes protestas para exigir la localización de los estudiantes.

Los manifestantes irrumpieron en la sede de gobierno, ubicada en la ciudad de Chilpancingo -capital de Guerrero-, rompieron cristales y prendieron fuego a parte del complejo que los bomberos tratan de extinguir. Tras el ataque, los manifestantes huyeron del edificio y ahora 50 policías regionales resguardan su entrada de cristal, que quedó completamente destruida.

Los jóvenes pedían a gritos la dimisión del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y amenazaron con seguir con sus fuertes protestas si no hay novedades sobre el paradero de los estudiantes esta medianoche.

El incendio ocurrió después de que unos 500 maestros de Guerrero, que se manifestaban frente al Parlamento regional, se enfrentaron con piedras, palos y tubos metálicos contra unos 150 policías antimotines. El choque dejó al menos 5 maestros y 2 policías lesionados.

A la incertidumbre e impotencia de saber qué pasó con los jóvenes, y a quiénes pertenecen los cuerpos hallados, se suma que 25 agentes de Iguala detenidos son acusados como socios del crimen organizado y fueron relevados en bloque por el cuerpo federal de gendarmería.

Una manta con un mensaje amenazante fue encontrada este sábado cerca de donde fueron baleados los estudiantes. “Gobierno corrupto, regresen a nuestros policías municipales, si no lo hacen vamos a empezar a matar a gente inocente y del gobierno”, decía la manta colgada en una pared. Testigos aseguran haber visto cómo decenas de jóvenes eran transportados en patrullas policiales antes de desaparecer.

Mientras tanto, Benjamín Mondragón, supuesto jefe del cártel Guerreros Unidos, al parecer vinculado con la desaparición de los estudiantes, presuntamente se suicidó al verse rodeado por policías federales que lanzaron un operativo en la región de Morelos, vecina de Guerrero. El narcotraficante alias ‘El Benjamón “prefirió suicidarse (antes) que entregarse”, dijo un vocero de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

ESTUDIANTES DE MÉXICO DF ANUNCIAN PARO

Más de 10 facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como los colegios de Ciencias y Humanidades, entre otras instituciones de altos estudios, iniciaron un paro de 48 horas desde el martes, en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa, estado de Guerrero, y por la inmediata presentación con vida de 43 educandos desaparecidos.

En un comunicado consideraron esos hechos violentos como un “crimen de Estado cuya responsabilidad, por acción u omisión, corresponde a los tres niveles de gobierno y sus instituciones, integrados por los distintos partidos en el poder”.

A la espera de respuestas de las investigaciones oficiales sobre los sucesos en Iguala, el caso aún aumenta la temperatura social.