Estados Unidos y Guatemala anuncian un acuerdo migratorio, con el cual la nación centroamericana empezará a ser considerada como un tercer país seguro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo el anuncio desde la Casa Blanca luego de un encuentro con el ministro de Gobernación del país centroamericano, Enrique Degenhart. “Es un acuerdo trascendental que le quitará trabajo a los coyotes y a los traficantes de personas”, sostuvo Trump.

El acuerdo busca que a los migrantes, principalmente de Honduras y El Salvador, se les conceda el asilo en Guatemala para evitar que sigan su recorrido hacia Estados Unidos.

El Gobierno de Guatemala indicó, mediante una nota de prensa, que aceptó el acuerdo migratorio para evitar “graves repercusiones económicas y sociales”.

La firma se dio luego de que Trump amenazara con imponer aranceles al país centroamericano si se negaba a convertirse en un tercer país seguro para los migrantes. Además, que finalizarían los envíos de ayuda extranjera de Estados Unidos a Guatemala por la gran cantidad de guatemaltecos que emigraron a su país durante su presidencia.

Según Donald Trump, Estados Unidos enviaba 500 millones de dólares y “no hicieron nada, excepto armar caravanas”.

El secretario interino de Seguridad Interior de EE.UU., Kevin K. McAleenan, lo describió como un acuerdo de “tercer país seguro”, pero el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, evitó llamarlo así.

Un pacto de tercer país seguro obligaría a contar con el visto bueno del Parlamento. Morales confirmó que su país y Washington negociaban acuerdos en temáticas tan distintas, como el combate del crimen organizado, la migración irregular y las visas de trabajo temporal.

Finalmente, en el tema de migración, se acordó la cooperación conjunta entre los dos gobiernos mediante la correcta ejecución de un plan de implementación, el cual será aplicado a personas de nacionalidad salvadoreña y hondureña, indicó el Gobierno guatemalteco.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala advirtió a Morales que no podía firmar un acuerdo para convertir su nación en un tercer país seguro porque se violaría el orden constitucional, a menos que la propuesta se debatiera primero en el Congreso. (I)