Una comisión del Congreso de Guatemala que investigó al presidente, Otto Pérez, por su supuesta participación en casos de corrupción que han sacudido al país, recomendó este viernes levantar su inmunidad para que pueda ser procesado penalmente, informó el congresista que presidió la investigación.

El diputado Fernando García, del opositor partido derechista Libertad Democrática Renovada (Líder), dijo a periodistas que después de casi dos semanas de trabajo presentarán un informe al pleno del Congreso con la recomendación de que Pérez pierda su inmunidad.

"Consideramos que es oportuno retirar la inmunidad al presidente para que sean los órganos legales, en este caso el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los que hagan el trabajo especializado que ellos saben hacer y determinen si es culpable o no el presidente", señaló el congresista, que no precisó fecha para la presentación del informe.

Luego de emitida la recomendación, en una fecha por definir, el Congreso debe tomar la decisión final sobre el futuro de Pérez.

El pasado 12 de junio, el Congreso creó la comisión de cinco diputados, cuatro ellos de Líder y uno del derechista CREO, como parte de un proceso avalado por la CSJ.

La justicia guatemalteca dio trámite al proceso tras aceptar la petición de antejuicio hecha por el diputado Amílcar Pop, del opositor partido Winaq, quien argumenta que el presidente incurrió en delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio.

Según la acusación, Pérez tiene responsabilidad directa en fraudes millonarios en el sistema de aduanas y el seguro social, que involucran a altos funcionarios de su gobierno y que desde abril pasado han mantenido al país en una crisis institucional.

El antejuicio se había detenido temporalmente la semana pasada, tras la presentación de recursos de amparo, que a la postre fueron desestimados por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima autoridad judicial del país.

La crisis por corrupción en Guatemala inició el pasado 16 de abril, cuando la fiscalía y una misión de la ONU contra la impunidad revelaron la existencia de una red de sobornos en las aduanas nacionales, dirigida por el ahora prófugo Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Salpicada por el caso, Baldetti renunció el 8 de mayo en medio de protestas masivas que también piden la salida de Pérez. (I)