Guatemala: activistas exigen investigar choque entre comuneros que dejó 8 muertos
Activistas de derechos humanos exigieron este domingo a las autoridades guatemaltecas investigar el choque armado que dejó ocho muertos en una localidad indígena al oeste de la capital, donde pobladores se enfrentan por la construcción de una carretera y una planta de cemento.
En un comunicado, la Convergencia por los Derechos Humanos, integrada por 12 organizaciones humanitarias, le exigió a la Fiscalía investigar las "acciones provocadoras" que detonaron los enfrentamientos en una aldea del municipio de San Juan Sacatepéquez, unos 30 km al oeste de la capital.
Exigimos "la investigación y análisis del patrón de acciones provocadoras identificado en los hechos (...) que culminaron con la tragedia en San Juan Sacatepéquez", detalló la Convergencia, que también pidió a la ONU y Procuraduría de los Derechos Humanos sumarse al esclarecimiento del choque armado.
Los incidentes, que iniciaron la medianoche del viernes y se extendieron a la mañana del sábado, ocurrieron por conflictos entre pobladores debido al inicio de la habilitación de una carretera que atraviesa el poblado y la construcción de una planta cementera en el sector.
Según medios locales, una discusión en una venta de licor entre pobladores a favor y en contra de ambos proyectos detonó los enfrentamientos que también dejaron varios heridos, así como viviendas y vehículos incendiados.
El viceministro del Interior, Eddy Juárez, explicó a periodistas que en los últimos días se agudizó el conflicto en el lugar porque "algunos comunitarios (contra la cementera) están obligando a abandonar sus casas" a otros pobladores que se han mostrado a favor de la planta y vendieron unos terrenos para la carretera.
La firma guatemalteca Cementos Progreso inició en julio de 2013 las obras para construir una moderna planta en la finca San Gabriel, con una inversión de 720 millones de dólares, y se prevé que se pondrá en funcionamiento en 2017.
Sin embargo, el proyecto ha dividido a los pobladores entre quienes apoyan a la empresa y los que aseguran que afectará las fuentes acuíferas y causará otros daños ambientales.
Esta zona ha estado durante varios años en conflicto y uno de los momentos más críticos fue en 2008, cuando se registró una muerte, la detención ilegal de policías y el intento de volar con explosivos un puente que une al pueblo con la capital.
