22 de enero de 2009. Dos días después de su  investidura como presidente de Estados Unidos,  Barack Obama    firmó una orden ejecutiva que disponía la clausura del centro de detención  abierto en 2002 en el lapso de un año. El mandatario anunció: “respetaremos la regla de que nosotros no torturamos”.

La prisión fue abierta  por George W. Bush cuatro meses después de los   ataques del 11 de septiembre de 2001   en su llamada “guerra contra el terrorismo”, lanzada para combatir a la red  yihadista  Al-Qaeda.

Han pasado casi tres  años de la promesa electoral de Obama  y la prisión  sigue abierta, mientras que entre sus paredes todavía languidecen 171 hombres, de un total de 779 que pasaron por la prisión en la última década. Y es que el  mandatario ha afrontado  una profunda oposición en el Congreso para trasladar reclusos de Guantánamo a territorio continental por el peligro que representaban.

“Obama cometió un grueso error de cálculo político”, estimó Julian Zelizer, profesor de historia en la universidad Princeton, para quien un revés político de los legisladores, incluyendo a sus aliados demócratas, forzó al presidente a revisar sus ambiciones a la baja.

Los legisladores rehusaron toda transferencia de detenidos de Guantánamo a sus circunscripciones, tanto para juzgarlos ante tribunales civiles como para mantenerlos en prisión. En cada votación del presupuesto de la defensa, como sucedió en diciembre pasado, el Congreso rechazó financiar esas transferencias. La ley prohíbe el uso de fondos públicos para transferir detenidos hacia Estados Unidos y decreta que los sospechosos de terrorismo deben ser juzgados en tribunales militares especiales.

“La esperanza se desvanece. Cerrar Guantánamo es más difícil políticamente y legalmente porque debido a esta ley los detenidos están en el limbo legal”, explicó  Jonathan Hafetz, profesor de derecho en la escuela de leyes Seton Hall, que representa a dos de los detenidos. Solo 6 detenidos fueron hallados culpables por los tribunales militares, de acuerdo con el  Pentágono, y otros 7 -incluyendo el autodeclarado cerebro de los ataques del 11 de septiembre- se presentarán ante estos tribunales en los próximos meses.

Para Rob Freer,  de Amnistía Internacional, Guantánamo se ha convertido en el símbolo de diez  años de fallas sistemáticas por parte de EE.UU. en el respeto a los derechos humanos en su respuesta a los ataques del 11 de septiembre.

Sin embargo, la Casa Blanca insistió esta semana que el presidente  está decidido a cerrar la prisión de Guantánamo. “Todos somos conscientes de los obstáculos para conseguir que esto se haga con la prisa que el presidente querría hacerlo... pero el compromiso del presidente no ha cambiado en absoluto”, expresó el portavoz  Jay Carney.

Las protestas han formado parte también de este aniversario. Militantes de la organización “Testigos contra la Tortura”, vistiendo trajes anaranjados o encerrados en jaulas, se han reunido desde el lunes  frente a la Casa Blanca en Washington  para exigir el cierre de la prisión de Guantánamo. Estos pequeños grupos se manifestarán hasta hoy.

En París, militantes de Amnistía Internacional cubrieron ayer  con una lona naranja la réplica de la Estatua de la Libertad. “Hace diez años que EE.UU. se burla de los derechos humanos. Esta acción simboliza el hecho de que Estados Unidos da la espalda a la justicia”, declaró Geneviève Garrigos, presidenta de la agrupación en    Francia.