El Grupo de Lima ha rechazado las elecciones parlamentarias convocadas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para el próximo 6 de diciembre, ya que no cumplen "las mínimas garantías democráticas" ni cuentan con "la participación de todas las fuerzas políticas", por lo que han reiterado su apoyo al autoproclamado 'presidente encargado' Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional "como autoridades legítimas de democráticamente electas".

Tras una reunión virtual este martes, el Grupo de Lima ha emitido una declaración ratificada por los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, así como el de Ecuador como país observador.

"Comprometidos en contribuir a la recuperación de la democracia en la República Bolivariana de Venezuela y aliviar la crisis multidimensional que padece la población venezolana", el escrito también condena "las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro".

También señalan que "a la luz de los hallazgos" del informe de Misión Internacional Independiente de la ONU, este "pueda ser materia del examen preliminar sobre la situación de Venezuela que lleva a cabo la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI)".

La CPI investiga al Gobierno de Maduro tras la petición de seis países -Canadá, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Paraguay- ante los supuestos abusos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes opositores en 2017, que dejaron alrededor de 125 muertos.

Piden, por otro lado, que los responsables de estos crímenes sean juzgados y que las víctimas y los testigos reciban la debida reparación y protección".

Además, han solicitado con "urgencia" que se investigue las conexiones "del régimen ilegítimo" con el crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando, para lo que han hecho un llamado a las autoridades internacionales a "redoblar los esfuerzos" en este ámbito.

En referencia a Guaidó y a la Asamblea Nacional, han destacado "su evidente voluntad y compromiso por contribuir a la transición democrática, conducida por los propios venezolanos, como único camino para alcanzar la reconstrucción institucional, económica y social en Venezuela".

Mientras que han subrayado que "la democracia se restablecerá plenamente en Venezuela" cuando haya elecciones presidenciales y parlamentarias "libres, justas y creíbles".

Para que estas se puedan dar, deberá participar un Consejo Nacional Electoral independiente, un Tribunal Supremo imparcial, así como incluir "garantías de seguridad para los votantes, un censo electoral actualizado, la plena libertad de prensa y acceso a los medios de comunicación y la participación política de todos los venezolanos", todo acompañado de "observación electoral internacional independiente".

El documento hace referencia al informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que se condena las violaciones de Derechos Humanos del Gobierno de Maduro, que comprenden "presuntos crímenes de lesa humanidad". También ha alentado a la Misión a seguir profundizando sus tareas de investigación y análisis.

Ante "la dimensión y la complejidad de la crisis humanitaria, económica, política, social y ambiental en Venezuela", agravada por la pandemia, han destacado, la declaración "reitera la necesidad de que el régimen respete los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad e independencia para reforzar la capacidad de respuesta de las organizaciones humanitarias".

Respecto a la migración, han destacado la importancia de "apoyar los esfuerzos de los países de acogida en la región con los migrantes y refugiados venezolanos", mientras que han llamado a las fuentes cooperantes a "redoblar su apoyo a la respuesta humanitaria frente a la crisis multidimensional que se evidencia en Venezuela".

Por último, han asegurado a través de la declaración que continuarán trabajando con otros actores internacionales para "movilizar una respuesta común" que defienda los Derechos Humanos en Venezuela y que ponga fin "a la usurpación", con condiciones para una salida pacífica de la crisis liderada por los venezolanos.

ARGENTINA NO SUSCRIBE LA DECLARACIÓN DEL GRUPO DE LIMA 

Sin embargo, no todos los miembros del Grupo de Lima han suscrito esta declaración, 14 de los 16 países que han participado en la reunión lo han hecho. Argentina ha rechazado sumarse al documento y ha criticado la idea de "una intervención extrarregional" en el país.

Argentina ha emitido un comunicado en el que ha señalado que "no comparte las referencias sobre el supuesto vínculo de la crisis en Venezuela con la seguridad y estabilidad de la región", según recoge la agencia de noticias 'Télam'.

En el escrito argentino se resalta que no puede "admitirse una vía de acción" que pueda "generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe". Además la declaración "expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que Argentina no reconoce y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela", han criticado en referencia a Guaidó.

El Gobierno de Alberto Fernández ha asegurado, no obstante, que "comparte con la comunidad internacional la profunda preocupación por la situación de violaciones a los Derechos Humanos y exhorta al Gobierno venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables, tal como lo viene haciendo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos".

"Creemos que sólo por la vía electoral puede establecerse de manera pacífica y racional una ruta consensuada e inclusiva para resolver las diferencias políticas en Venezuela, respetando su Constitución", ha concluido la Administración argentina.

Esta misma semana, las declaraciones del representante argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, marcaron días de polémica tras asegurar que Venezuela "ha sufrido un fuerte asedio del intervencionismo" tras la publicación de la resolución de Naciones Unidas que condena la violación de los Derechos Humanos en Venezuela.

Finalmente, el Gobierno de Fernández decidió apoyar esta resolución, y aunque no ha suscrito la declaración emitida este martes, ha anunciado que permanecerá en el Grupo de Lima. (I)