El Gobierno griego, preocupado por llenar las arcas casi vacías del Estado, contempla formar a agentes fiscales aficionados para llevar a cabo misiones puntuales, incluyendo turistas, según un documento aparecido el viernes en la prensa, para perseguir con cámaras ocultas los fraudes del IVA.

El Gobierno divulgó una lista de siete reformas remitida por el ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, al presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, antes de la reunión de ministros de Finanzas prevista el lunes en Bruselas, en la que Grecia intentará tranquilizar a sus acreedores.

Una de las medidas propone establecer "un cuerpo de no profesionales" para luchar contra la evasión fiscal, con miembros "renovables cada dos meses como máximo" que recibirían una "breve formación apropiada".

Esta propuesta inesperada se detalla en una carta en inglés de Varoufakis al Eurogrupo cuyo contenido publica el diario The Financial Times. El ministro griego explica en términos muy gráficos las dificultades para los empleados del fisco de salir de las oficinas para realizar controles. Recomiendo contratar agentes temporales como falsos clientes, equipados con micrófonos y cámaras ocultas, para a ayudar a aportar pruebas de fraudes del IVA, sobre todo en empresas de servicios como "los night clubs o los servicios médicos".

Para ello, sugiere reclutar personas "de todos los medios" sociales, incluyendo "estudiantes, amas de casa, hasta turistas", que serían "pagados por horas" y resultarían "difíciles de detectar por los defraudadores".

Según Varoufakis, la simple difusión de la noticia de su existencia podría permitir "modificar los comportamientos con gran rapidez".

Esta iniciativa suscitó reacciones de sorpresa o contrariedad en las redes sociales.

En la lista publicada por el Gobierno también figura el proyecto de poner en venta licencias para las sociedades de juegos en la red, con un beneficio esperado de 500 millones de euros anuales.

Otra propuesta de reforma pretende disminuir la burocracia que perjudica a la actividad económica y "prohibir" que los servicios públicos pidan a los ciudadanos documentos oficiales que certifiquen informaciones que el Estado ya posee.

Los servicios deberían arreglárselas entre ellos para comunicarse esos documentos, lo que tendría la ventaja de motivarlos para aceptar la informatización de los datos, un proceso que sigue inconcluso.