Grecia, a la espera de nuevos ajuste económicas
El Gobierno griego afirmó hoy que aprobará en breve recortes adicionales de gasto y nuevas medidas de ingresos por valor de 6.000 millones de euros después de la creciente presión de sus socios europeos para que acelere las reformas estructurales.
"El Gobierno anunciará en los próximos días medidas que superarán los 6.000 millones de euros con el objetivo de reducir el gasto y aumentar los ingresos," dijo en rueda de prensa el ministro de Finanzas griego, Yorgos Papaconstantínu.
El responsable griego descartó que las medidas afecten los salarios y las pensiones, así como una subida del IVA.
También rechazó una posible quita de la deuda al subrayar: "No hay una receta mágica ni tampoco escenarios mágicos de presunta reestructuración de la deuda".
El Gobierno tiene como meta reducir este año el déficit fiscal al 7,5 % y de forma graduar rebajarlo a menos del 3 % del PIB para 2014, desde el 10,5 % con el que acabó 2010.
"Pese a la recesión, no puede perderse ritmo en el esfuerzo fiscal", dijo Papaconstantínu, y agregó: "Esto significa que tendremos que tomar todas las medidas necesarias para no salirnos del objetivo de déficit para 2011 que nos hemos fijado, del 7,5 %".
El Gobierno, con anterioridad, explicó que el ahorro será fruto de la reducción y fusión de organismos estatales, así como de una disminución lo máximo posible del ritmo de contratación de empleados públicos.
El Ministerio de Finanzas griego anunció hoy mismo la designación de un grupo de consultores, entre ellos bancos privados griegos y firmas extranjeras, para asesorarle durante el proceso de privatización de bienes estatales.
Entre los activos públicos que se planea vender está el organismo de gestión de apuestas futbolísticas e hípicas, la lotería nacional, los ferrocarriles públicos, la empresa de mantenimiento de carreteras, la compañía pública de gas y la operadora del aeropuerto internacional de Atenas, entre otros.
Entre los asesores internacionales seleccionados destacan Deutsche Bank, Credit Suisse, BNP Paribas, Ernst & Young, Rothschild & Sons, Citigroup y PriceWaterhouse, entre otros.
El Gobierno pretende con estas privatizaciones recaudar 50.000 millones de euros hasta 2015 para reducir así su abultada deuda pública del 145 % del PIB.