En una medida de fuerte connotación política, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quedó imputada en la justicia en el marco de la denuncia en su contra del fallecido fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman.

Se la acusa de encubrir a los acusados iraníes del atentado a la mutual judía que en 1994 causó 85 muertos. El gobierno denunció “un golpismo judicial activo” y una maniobra de “desestabilización democrática” que busca, según denuncian referentes del oficialismo, asestar “un golpe blando” en un año electoral.

La medida, conocida a cinco días de la marcha de silencio en “homenaje” a Nisman convocada para el martes próximo por cinco fiscales y a la que se plegó la oposición en pleno, fue dispuesta por el fiscal Gerardo Pollicita. El martes se cumplirá un mes de la misteriosa muerte del fiscal que investigaba la causa AMIA.

Pollicita, quien tomó la denuncia de Nisman tras su deceso, también imputó al canciller, Héctor Timernan; al diputado nacional y líder de la agrupación juvenil oficialista ‘La Cámpora’, Andrés Larroque; al dirigente social Luis D’Elia; al titular de la agrupación de izquierda Quebracho, Fernando Esteche; y a dos supuestos espías que el gobierno negó que revistan en los servicios de inteligencia.

El titular de la fiscalía nacional en lo criminal y correccional federal número 11 decidió así darle curso a la acusación y pidió numerosas medidas de prueba para iniciar una investigación, aunque no solicitó la detención ni la declaración indagatoria de la presidenta. La denuncia está radicada ante el juzgado federal número 3, a cargo del juez Daniel Rafecas, quien decidió suspender sus vacaciones en el verano austral.

El gobierno salió en defensa de la jefa de Estado aun antes de que se conociera la medida que había sido anunciada en su portada por el diario opositor Clarín en su edición de ayer. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dijo que “en el mundo la gran disputa es entre el poder visible y el poder invisible: estos son los grupos de poder concentrados, mediáticos, y con arietes del Poder Judicial”.

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“Nosotros no nos oponemos al capital, sino al capital que se convierte en oligarquía. Entonces, esto es golpismo judicial activo. ¿Por qué la denuncia no persigue una finalidad jurídica? Porque no hay pruebas, sí busca un impacto político. Lo que se quiere generar es estrépito social”, indicó.

Pero no fue el único en salir en defensa de la jefa de Estado. Para el secretario general de la Presidencia, Alberto Fernández, se trata de “una clara maniobra de desestabilización democrática”. La medida “no tiene  ningún calor jurídico, no tiene ninguna importancia” pero busca crear “conmoción” en la sociedad, dijo.

“Lo que le llega a mi mamá que no conoce de derecho, seguramente dice ‘uy, mirá, la presidenta en una causa’... cuando en realidad está mencionada en una causa ridícula, bochornosa, insultante”, sentenció.

El fallecido fiscal Nisman denunció a la presidenta -el 14 de enero pasado- por un supuesto plan para encubrir a los acusados iraníes del atentado en un intento por recomponer el comercio con Irán. En concreto, para comprar petróleo barato a cambio de granos, algo que jamás ocurrió. Cuatro días después, Nisman apareció muerto con un balazo en la cabeza en su departamento. Un día después tenía previsto asistir a una comisión parlamentaria para ahondar su denuncia.

La acusación está basada en artículos periodísticos y escuchas al dirigente “piquetero” oficialista Luis D’Elia con un supuesto agente iraní en Argentina. En ninguna grabación se escucha hablar a la mandataria y a ninguno de los funcionarios acusados.

La Procuración del Tesoro de la Nación, que representa al Estado, presentó ayer un escrito institucional sobre la denuncia de Nisman en el que afirma que “no hay pruebas” de delito alguno atribuido a la presidenta y los demás acusados y señaló que se trata de un “entramado ficcional” cuyas pruebas “no soportan siquiera un mínimo test”.

El escritor Mempo Giardinelli, afín al oficialismo, denunció que en el país “hay un intento de golpe blando”, tesis a la que adhiere la prensa oficialista. A menos de 10 meses de las elecciones, este plan buscaría reeditar, según sus denunciantes, la salida del entonces presidente Raúl Alfonsín que dejó el poder seis meses antes en 1989 jaqueado por el poder económico y financiero y la presión del mandatario electo, Carlos Menem. “Con las muerte del fiscal (Nisman) se buscó dar un golpe blando”, denunció el exdiputado de la opositora Unión Cívica Radical (UCR) y exdirigente “alfonsinista” Leopoldo Moreau, testigo directo de aquellos episodios.

DATOS

El 18 de julio de 1994, un coche bomba explotó en el edificio donde funcionaban la mutual judía AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en un barrio judío en el centro de Buenos Aires. Hubo 85 muertos y 300 heridos.

Tras el fracaso del juicio de 2003, el entonces presidente, Néstor Kirchner (2003-2007), nombró a Alberto Nisman titular de una fiscalía especial para investigar el atentado.

El pasado 14 de enero, Alberto Nisman presentó una denuncia acusando a la presidenta Kirchner y a su canciller Héctor Timerman de encubrir a los iraníes acusados. Basó su acusación en centenares de horas de escuchas telefónicas.

Nisman fue hallado muerto en su apartamento el 18 de enero, la víspera de ampliar su denuncia en el Congreso.