El ministro del Interior peruano instó al diálogo para resolver la tensa situación en la provincia de Islay (sur) por las protestas contra puesta en marcha del proyecto cuprífero Tía María, luego de enviar a las Fuerzas Armadas a la zona para intentar controlar la situación.

Los manifestantes realizan violentas protestas desde el 23 de marzo pasado contra el proyecto cuprífero de la mexicana Southern Copper, por 1.400 millones de dólares, con el argumento de que contaminará la agricultura y el agua en la región.

"La Policía ni las Fuerzas Armadas van a solucionar el problema. La solución viene a través del diálogo. Invocamos a los verdaderos líderes a que podamos dialogar y que solucionemos el problema", dijo el sábado a la noche a la prensa el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.

El gobierno del presidente Ollanta Humala autorizó el sábado el envío de militares a Islay, para apoyar a la policía, luego de la muerte de un agente en enfrentamientos con los manifestantes.

Dos manifestantes murieron desde abril pasado, uno de ellos al recibir un disparo de la policía, en las protestas contra la instalación del proyecto minero en esa zona ubicada 1.000 km al sur de Lima.

Pérez Guadalupe explicó que los efectivos de las fuerzas armadas fueron enviados a Islay "para resguardar los servicios estratégicos" y que esta medida regirá por los próximos 30 días.

Precisó que pese a ello no se han restringido los derechos de los ciudadanos y que los militares no estarán patrullando en zonas urbanas ni participarán en las operaciones para controlar a los manifestantes, función que seguirá a cargo de la policía.

En la provincia de Islay ya hay 500 militares y se espera la llegada de otros 500 este domingo, señalo Pérez Guadalupe, quien afirmó que aumentar la presencia militar en la zona dependerá "de cómo se desarrolle el conflicto social durante los próximos días".

La población se opone al proyecto cuprífero Tía María desde su lanzamiento en 2009.

En 2012 murieron tres personas durante una protesta contra las obras, que fueron declaradas luego como inadmisibles por infringir la legislación ambiental. Pero un año después se flexibilizó esa legislación y se dio luz verde al proyecto minero.

Las protestas contra la industria de extracción de recursos naturales -clave para el crecimiento económico del país- se han intensificado en Perú a un año de las elecciones generales.

Una encuesta de la empresa Piso en la región de Arequipa -donde se ubica la provincia de Islay- divulgada este domingo por el diario El Comercio, señala que 51% de los entrevistados está a favor del proyecto minero Tía María, en tanto un 42% se declaró en contra. Un 7% de los consultados prefirió no opinar.

El sondeo fue realizado entre el 30 de abril y el 3 de mayo entre 400 personas y tiene un margen de error de 4,9% . (I)