En las dos últimas décadas, más de 3,7 millones de colombianos han sido desplazados forzosamente por paramilitares, guerrillas y fuerzas del Estado, y se estima que han dejado atrás 6.6 millones de hectáreas de tierras cultivables.

Las comunidades desplazadas que buscan la restitución de sus tierras han sido objeto de actos reiterados de violencia, amenazas e intimidación.

Se cree que muchos de estos ataques han sido cometidos por grupos sucesores de los paramilitares, que surgieron del proceso fallido de desmovilización de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero también de las guerrillas de las FARC y del ELN.

La violencia persistente en contra de comunidades desplazadas puede hacer que la implementación efectiva de la ley sea un desafío importante para el Gobierno y el país.

Por eso es crucial que el Gobierno adopte medidas rotundas para proteger a los beneficiarios de la ley frente a los brutales grupos armados que se oponen a la restitución de las tierras.

Sin duda una potencial falla de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, podría desencadenar un aumento de la violencia y de desplazados no solo al interior de Colombia, sino también en el exterior.

Según cálculos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Venezuela ya alberga a unos 500 mil colombianos desarraigados y en Ecuador permanecen más de 400 mil refugiados de este país.