Miles de personas protestaban en Estados Unidos contra la orden del presidente Donald Trump que prohíbe la entrada de refugiados al país, la cual ya provocó este sábado fuertes manifestaciones en diversos aeropuertos.

La acción ejecutiva, que prohíbe el ingreso durante 120 días en Estados Unidos de todos los refugiados, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, es rechazada en localidades como Orlando, Boston, Filadelfia, Atlanta, Seattle, Chicago y Washington, principalmente en terminales aéreas.

De acuerdo con el diario Los Angeles Times, la abrupta prohibición anunciada el viernes sorprendió a personas que fueron atrapadas en tránsito o esperaban regresar pronto a este país, no solo refugiados, sino también estudiantes que estaban de vacaciones escolares, hombres de negocios, científicos, turistas y músicos.

Tras conocerse los detalles de la medida, que desató severas críticas dentro y fuera de Estados Unidos, las protestas tomaron aeropuertos como los de San Francisco y Los Ángeles.

Al mismo tiempo, la Coalición de Inmigración difundió en las redes sociales una convocatoria a reunirse en la terminal John F. Kennedy de Nueva York, donde según medios locales fueron detenidos 12 refugiados tras su arribo al país.

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, expresó su apoyo a la causa de las protestas y dijo que nunca pensó ver el día en que los refugiados, quienes huyeron de territorios devastados por la guerra, serían rechazados en la puerta de entrada de EE.UU.

Los medios reportaron, además, que en más de una decena de aeropuertos, entre ellos Boston, Dallas, Chicago y Atlanta, los abogados de inmigración aumentaron en masa para ofrecer servicios gratuitos a los detenidos.

Ann M. Donnelly, jueza federal de Nueva York, ordenó parar las deportaciones de viajeros que llegaron a los puntos de entrada con visas válidas para ingresar a Estados Unidos, al argumentar que enviarlos de vuelta a los países afectados podría causarles un 'daño irreparable'.

Sin embargo, no se pronunció sobre la legalidad de la orden ejecutiva, ni dijo que los demás que aún no han llegado al país puedan recibir igual tratamiento.

De cualquier modo, opositores a la directiva del mandatario prometieron buscar una victoria más amplia en la corte, y abogados de grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles dijeron que tenían la intención de seguir adelante con los esfuerzos para derrocar el mandato general por motivos constitucionales.

"Vemos un caos en la forma de implementar la disposición", consideró Abed A. Ayoub, director legal y de políticas del Comité Anti-Discriminación Árabe-Norteamericano, mientras otras organizaciones árabes también advirtieron que la medida estaba interrumpiendo los viajes en todo el mundo.

Irán es hasta ahora uno de los países más afectados por la gran cantidad de iraníes que tienen visas de trabajo o de estudios de Estados Unidos. Teherán, en respuesta, ha instaurado medidas similares contra los estadounidenses.

Entretanto, las oleadas de indignación atraviesan el mundo musulmán, y la Liga Árabe denunció este domingo como "restricciones injustificadas" las prohibiciones impuestas por Trump.

En Europa, el presidente francés François Hollande y la canciller alemana Angela Merkel se sumaron a las críticas. Según un portavoz, Merkel explicó al presidente Trump las obligaciones que marca la Convención de Ginebra sobre la acogida de refugiados, en su conversación telefónica del sábado.

 ¿Discriminación religiosa? 

La oposición demócrata, por su parte, pidió que se retire el decreto antiinmigración y denunció su carácter contrario a los valores estadounidenses y su ineficacia en la lucha contra la amenaza yihadista.

En el seno de la mayoría republicana el malestar también era perceptible: pocos legisladores han defendido públicamente el decreto de Trump y un puñado de ellos lo ha condenado total o parcialmente.

Para el legislador republicano Justin Amash, el decreto parece estar más motivado por cuestiones políticas que de seguridad. "Si uno se preocupa del radicalismo/terrorismo, ¿Porqué no Arabia Saudí, Pakistán y otros?", escribió en Twitter.

"Los tribunales juzgarán si ha ido demasiado lejos", comentó con prudencia este domingo Mitch McConnell, jefe de la mayoría del Senado en la cadena ABC.

Será en efecto ante la justicia donde se decidirá la suerte del decreto. El fallo de urgencia dictado por la jueza de Nueva York se añadió a otros tres que bloquean las expulsiones, si bien ninguno hace referencia a la constitucionalidad o no de la decisión presidencial.

"Esto acabará probablemente ante el Tribunal Supremo", predice Anthony Romero, director de la poderosa Unión estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), en la cadena CNN.

Por su parte la Casa Blanca defiende que se trata de un acto para "no dejar que se infiltre gente que pretenda perjudicarnos", afirmó el portavoz Spicer.

El ejecutivo tendrá que defenderse también de una acusación de discriminación religiosa. Tras el periodo de 120 días el decreto estipula que se dará prioridad a los refugiados perseguidos a causa de su religión, una frase que apunta implícitamente a proteger a los cristianos de Siria y de Irak.

El presidente no ha dejado ninguna duda respecto a esta preferencia. "Los cristianos de Oriente Medio han sido ejecutados en masa. ¡No podemos permitir que ese horror se perpetúe!", escribió este domingo en Twitter. (I)