El gobierno argentino impulsó este lunes un giro de 180 grados a la política de medios y telecomunicaciones al publicar en el Boletín Oficial decretos que modifican la ley antimonopólica que fue emblema del kircherismo.

Los cambios apuntan a liberalizar la telefonía, internet y televisión, crear un solo mercado de las comunicaciones donde las empresas del sector compitan en todos los servicios.

La creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que absorbe al AFCSA y al AFTIC (siglas de agencias de control antimonopólico y tecnológico) había sido anunciado el 30 de diciembre por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, luego de una intervención con la fuerza policial para desalojar a las autoridades designadas durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015).

Tras el anuncio de Peña, un juez de La Plata (sur) ordenó el miércoles al gobierno "que se abstenga de suprimir o afectar derechos u otorgar nuevos derechos vinculados al AFCSA", a la espera de que la justicia federal se expida sobre un pedido de declarar "la nulidad absoluta" del decreto de intervención.

Pero el gobierno desestimó este freno judicial y publicó el lunes en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con fecha 29/12, que crea el Enacom.

Las modificaciones introducidas cambian el corazón de la ley de Medios aprobada en 2009 casi por unanimidad del Congreso e iniciativa de la expresidenta Kirchner.

La ley obligaba a los grupos con posesiones hegemónicas en televisión por cable, televisión por aire y radios a desprenderse de algunas unidades de negocios. Aunque el multimedios Clarín, el mayor del país, logró impedir que se le aplicara con una batalla judicial.

La intervención fue criticada por el relator espcial para la Libertad de Expresión de la OEA, el uruguayo Edison Lanza.

"A todas luces hay un grupo que tiene niveles de concentración muy importante. Esto es importante: estamos hablando de libertad de expresión", indicó Lanza.

Advirtió que "en el caso de la concentración de medios, lo que ocurre es una afectación a la democracia, porque ese grupo va a imponer su mirada y limitar las otras (...). Ignorar eso es ignorar toda la doctrina en la materia".

Según el decreto, las autoridades de Enacom "podrán ser removidas por el Ejecutivo en forma directa y sin expresión de causa".

También se cambia el artículo que prohibía la venta de medios audiovisuales, al autorizarlas y facilitar la integración de cadenas privadas de radio y televisión, hasta ahora restringidas y elimina los topes de cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de cable (hasta ahora 24).

El decreto elimina las restricciones a que una empresa sea propietaria a la vez de televisión por cable y radio y TV abierta. Además los actuales licenciatarios de televisión y radio podrán extender el plazo de licencia por 10 años, sin importar su fecha de vencimiento actual. (I)