El gobierno argentino ratificó ante la ONU su postura de mantener bajo arresto a la activista social Milagro Sala cuya detención hace más de 10 meses es considerada arbitraria por el organismo internacional y rechazada por líderes defensores de derechos humanos.

La acusación que más pesa, según el gobierno, es por una supuesta defraudación con fondos destinados a la construcción de viviendas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).

La respuesta del gobierno del presidente Mauricio Macri "es desafiante y parece una estrategia para ganar tiempo mientras se encuentra una causa que justifique esta detención", dijo Gaston Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) una de las entidades que impulsan la liberación de la dirigente.

Según el escrito del gobierno, cuyos extractos cita este jueves el diario La Nación, "arribar a la conclusión de que la detención de Sala resulta arbitraria, dando la espalda a esta evidencia aportada en los expedientes judiciales, resulta por sí misma una decisión arbitraria".

El gobierno busca refutar las conclusiones del Grupo de Expertos de la ONU que hace veinte días exigió la "inmediata liberación" de Sala, por considerar que su arresto es arbitrario.

Sala, de 52 años, está encarcelada desde el 16 de enero tras impulsar una protesta social en una plaza en la provincia de Jujuy (norte), gobernada por Gerardo Morales un aliado de Macri, líder de una coalición de derechistas y socialdemócratas.

La detenida lidera el movimiento social Tupac Amaru que agrupa a decenas de cooperativistas, que a través de créditos del Estado, ha construido cientos de viviendas, escuelas, comedores y centros sanitarios en barrios pobres.

El gobierno también invitó al Grupo de Expertos a evaluar 'in situ' la situación de la detenida, invitación que extendió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reveló esta semana la canciller Susana Malcorra. (I)