La oposición denunció el jueves ante la Justicia al presidente argentino Mauricio Macri por otorgar por decreto una amnistía fiscal a su padre, el magnate Franco Macri, con el que comparte empresas 'offshore', medida que alcanza también a familiares de funcionarios, informaron fuentes judiciales.

"Solicitamos se investigue la posible comisión por parte del Poder Ejecutivo del delito de abuso de autoridad, contemplado en el Código Penal", planteó en su escrito el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV, peronistas de centroizquierda). La denuncia recayó por sorteo en el juzgado penal del magistrado Sebastián Ramos.

Más temprano líderes opositores habían señalado con ironía que la decisión del gobierno es un "Decreto Franco Macri". La denuncia opositora involucra también al ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay y al jefe de gabinete, Marcos Peña.

Justo el día que el mandatario calificó con "un 8" sobre 10 su gestión, a una semana de cumplir su primer año en el gobierno, todo el arco opositor criticó el decreto publicado el miércoles en el boletín oficial.

Este decreto "está vinculado a su padre" y de esta manera el presidente "se amnistía él", dijo Felipe Solá, diputado por el opositor Frente Renovador (peronista de centroderecha). Solá anunció que también se presentará en la justicia y propondrá "una comisión bicameral que revise absolutamente el origen de la plata de todas las familias de los funcionarios".

"El gobierno se llena la boca hablando de corrupción ¿y ahora hace esto? El presidente es hijo de un multimillonario", lanzó Solá. Lamentó "la falta de decoro" del decreto.

La exclusión de familiares directos de funcionarios al blanqueo de capitales había sido una condición exigida por el Frente Renovador (FR) e incluso por parte de la coalición de gobierno Cambiemos (derecha y socialdemócratas) para votar a favor en el Congreso.

"Es un decreto impúdico", sentenció Alberto Fernández, dirigente del FR y exjefe de gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007).

Franco Macri aparece como dueño y su hijo como principal ejecutivo de empresas familiares radicadas en los paraísos fiscales de Bahamas y Panamá. Mauricio Macri es investigado por la justicia por las revelaciones del escándalo 'Panama Papers'.

Error 

La ley vigente, aprobada hace cinco meses, dispone la exclusión del llamado "sinceramiento fiscal" de funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que ejercieron desde el 1 de enero de 2010.

La prohibición se extendía a cónyuges, padres e hijos menores emancipados, los que ahora quedaron incorporados al blanqueo.

"Esto es un error político", agregó Alberto Fernández, que fue cercano de Néstor Kirchner pero luego adversario político de Cristina Kirchner (2007-2015).

Este nuevo temporal político menoscaba la promesa de Macri de luchar por mayor transparencia en una sociedad históricamente desconfiada de sus instituciones y donde prevalece una naturalización de la corrupción administrativa, con escándalos en gobiernos de distintas orientaciones.

"Me parece un mecanismo maravilloso para blanquear dinero de la corrupción", ironizó Fernández, tras considerar que es un decreto "pensado para funcionarios del presente, no del pasado".

El jefe del bloque FPV, Héctor Recalde, calificó la amnistía fiscal para familiares de funcionarios y otras decisiones en materia de económica de "una locura institucional".

"Se presenta Franco Macri y ¿cómo prueba cómo hizo la plata? Tienen como 30 firmas 'offshore'. No son solo Fleg Trading y Kagemusha", dijo el diputado a la radio FutuRock. Dichas empresas del clan Macri aparecen en los 'Panama Papers', una investigación de medios de prensa en todo el mundo.

La polémica ocurre en momentos de marchas casi a diario de sectores golpeados por despidos, suspensiones en el marco de la recesión.

Argentina cerrará el año con una inflación que ronda 45% anual, luego de una devaluación de la moneda de 30% en diciembre pasado, que derrumbó el consumo.

Desde el lanzamiento en agosto del plan oficial de blanqueo, argentinos que tenían divisas ocultas del fisco y fuera del sistema financiero declararon casi 7.000 millones de dólares, sin obligación de repatriarlos.

También se declararon unos 20.000 millones de dólares en tenencia de activos, propiedades y otros bienes, según un informe oficial. (I)