El gobierno de Mauricio Macri envió este lunes al Congreso argentino su proyecto de reforma tributaria para bajar impuestos a las empresas e imponer otros a la renta financiera, en medio de la negociación de un pacto fiscal con las provincias.

El debate sobre este proyecto, junto al de las reformas laboral y previsional, promete extenderse en sesiones extraordinarias a partir de principios de diciembre, cuando asuman los parlamentarios electos en las legislativas de octubre.

La alianza de gobierno Cambiemos (centroderecha) se consolidará entonces como primera fuerza en ambas Cámaras aunque no con mayoría absoluta, por lo que deberá contar con el apoyo de la oposición para sacar adelante sus iniciativas.

Macri dijo la semana pasada que su gobierno busca avanzar "hacia un sistema tributario más equitativo y eficiente".

"Queremos bajar el déficit fiscal, pero también continuar reduciendo impuestos. El costo fiscal de la reforma es de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB)", explicó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

La iniciativa reduce el impuesto a las ganancias corporativas (del 35% al 25% en cinco años) y prevé devoluciones a cambio de inversiones.

También fija un mínimo no imponible para contribuciones patronales y se gravarán por primera vez los dividendos por depósitos bancarios y bonos soberanos.

Las reformas serán graduales y en un plazo de cinco años.

Dujovne precisó que el 1,5% de los ingresos que resigna el fisco por reducción de impuestos a las empresas se compensará con un aumento del 0,6% en el PIB y medidas contra la evasión fiscal.

Algunas consultoras ubican el déficit presupuestario del Estado por encima del 5% del PIB.

El proyecto llega al Parlamento con correcciones respecto del documento original.

Estaba previsto un impuesto de 10% a los vinos y espumantes, pero se eliminó tras la reacción de las provincias vitivinícolas.

También se iba a gravar con 17% a la cerveza, pero se redujo a 8%.

En cambio, hasta el momento se mantiene la iniciativa de llevar de entre 4% y 8% a 17% el impuesto a bebidas gaseosas azucaradas y espirituosas.

Coca-Cola amenazó con frenar una inversión de 1.000 millones de dólares anunciada en 2016 y con dejar de comprar frutas y jugo si sube el impuesto.

Esta semana inician los debates del proyecto en distintas comisiones y el gobierno espera su aprobación antes de fin de año.

La reforma tributaria llegó al Congreso mientras el gobierno trata de alcanzar un acuerdo fiscal con los gobernadores regionales, a los que les reclama que reduzcan los ingresos brutos, que en algunos distritos representan el 70% de los ingresos fiscales.

El gobierno se reunió la semana pasada con gobernadores y espera este jueves firmar el pacto fiscal.

El pacto pretende terminar con una demanda por unos 400.000 millones de pesos (unos 22.200 millones de dólares) que reclama al Estado nacional la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito del país donde vive cerca de 40% de la población. (I)