El Gobierno de EE.UU. dio este lunes marcha atrás a su decisión de juzgar en tribunales ordinarios a los responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que ahora se enfrentarán a un juicio militar en Guantánamo.

El secretario de Justicia, Eric Holder, compareció este lunes en público para explicar que el Gobierno, aunque sigue considerando que el mejor marco para imponer justicia a los autores de la masacre son los tribunales federales, se ve obligado a revertir su decisión.

De esta manera, el presunto "cerebro" de los ataques en los que murieron casi 3.000 personas, Khalid Sheik Mohammed, y sus cuatro cómplices, Walid bin Atash, Ramzi Bin AlShibh, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafá Al Hawsawi, serán juzgados ante una corte militar y en Guantánamo.

Para Holder, el único culpable de esta marcha atrás es el Congreso, que ha impedido al Gobierno llevar a los detenidos de Guantánamo a territorio estadounidense para ser juzgados, una de las medidas previstas por la Casa Blanca para lograr el cierre de la cárcel situada en la bahía cubana.

Holder criticó con dureza la "indeseada" intervención de los legisladores y recordó las palabras del presidente Barack Obama, quien acusó a los republicanos de estar "minando y poniendo restricciones a los esfuerzos antiterroristas, y por tanto poniendo en peligro la seguridad nacional".

"La decisión de a quién, dónde y cómo se juzga a alguien siempre ha sido, y debe seguir siendo, responsabilidad del Ejecutivo. Los miembros del Congreso simplemente no tienen acceso a las pruebas y a otra información necesaria para enjuiciar asuntos de procedimiento".

El secretario de Justicia no ocultó que los obstáculos impuestos por el Congreso "han dejado atado de manos a este Gobierno de una manera que puede tener serias ramificaciones", por lo que anunció que tratarán de apelar para revertir estas decisiones.

Ante la evidencia de que los recursos tardarán en resolverse, y para evitar nuevas demoras en el juicio por los atentados ocurridos hace casi 10 años, el Departamento de Justicia decidió que los juicios se celebren en el marco de la justicia militar y sin salir de Guantánamo.

"Hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo, en llevar a los terroristas ante la Justicia", dijo Holder, quien aseguró tener "plena fe y confianza en que las comisiones militares manejarán este caso como procede".

No obstante, Holder insistió en la conveniencia legal de que los presuntos terroristas fueran llevados ante la justicia ordinaria. Teniendo en cuenta el "poderoso" caso que ha preparado la fiscalía contra los acusados, dijo, la mejor manera de "resarcir a las víctimas y a sus familiares" era procesar a los acusados en un tribunal federal.

"Evaluamos cuidadosamente las pruebas y llegamos a la conclusión de que podríamos probar la culpabilidad de los acusados sin salirnos de nuestras tradiciones y valores judiciales", apuntó. "Hoy me mantengo en esta opinión", recalcó.

Pero el secretario de Justicia reconoció que poco después de anunciar que los presuntos terroristas serían juzgados ante un tribunal federal en Nueva York, comenzó la polémica, no solo por la oposición de una parte de la opinión publica neoyorquina, sino también en el seno del Congreso.

"Desde que anuncié esta decisión, los miembros del Congreso han intervenido e impuesto restricciones que han impedido a este Gobierno traer a los detenidos de Guantánamo a suelo estadounidense para ser juzgados", lo que ha acabado por frenar el proceso.

Pese al cambio de marco jurídico, Holder afirmó que, en su opinión, la acusación militar también buscará la pena de muerte para los acusados, al igual que iban a hacer los fiscales del tribunal federal.

No obstante, reconoció que una "cuestión abierta" es si se puede pedir la pena capital a unos acusados que se reconocen culpables.