Las fuerza pública en Colombia seguirá controlando el territorio a pesar de la suspensión temporal de bombardeos contra las FARC ordenada por el presidente Juan Manuel Santos, dijo este miércoles el jefe negociador de paz del gobierno con esa guerrilla comunista, Humberto de la Calle.

"No es un cese bilateral disfrazado", enfatizó De la Calle en rueda de prensa desde la casa de gobierno. 

Las FARC iniciaron a finales de año un histórico alto al fuego unilateral e indefinido, pero hasta ahora el gobierno se había negado a decretar un cese de los ataques militares antes de un acuerdo definitivo por considerar que fortalecería a la guerrilla. 

De la Calle dijo que "no se puede perder de vista" que esa tregua unilateral está siendo cumplida por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Es un hecho protuberante que hay que tener en consideración", señaló el delegado del gobierno de los diálogos con las FARC, que se desarrollan desde hace dos años en Cuba para poner fin a 50 años de conflicto armado.

Sin embargo, "esta medida de construcción de confianza", que es "transitoria" y será reevaluada al cabo de un mes, no supondrá frenar la acción de la fuerza pública contra la extorsión, el secuestro y el narcotráfico, agregó.

"No hay repliegue de fuerza pública. No van a suspender el control territorial, estamos hablando de suspensión de bombardeos a las FARC. Por fuera de esto, cualquier cosa que ocurra implica la decisión firme de continuar actuando de acuerdo a la ley", dijo.

De la Calle también reiteró que esta decisión no implica dejar de lado las acciones militares contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), segunda guerrilla del país, que sigue operando a pesar de los contactos exploratorios anunciados en junio pasado junto al gobierno con miras a instalar formalmente una mesa de paralela a la de las FARC.

El presidente ya anunció que "se redoblará la acción contra el ELN", recordó el jefe negociador.

Fundadas en 1964, las FARC y el ELN, con 8.000 y 2.500 combatientes respectivamente, según las autoridades, son las únicas guerrillas de extrema izquierda aún activas en Colombia, donde operan esencialmente en zonas rurales.

El conflicto armado colombiano, el más antiguo de América Latina, ha involucrado a guerrillas, paramilitares, agentes del Estado y bandas narcotraficantes, y ha dejado oficialmente al menos 220.000 muertos y más de cinco millones de desplazados.