Miles de catalanes se manifestaron este martes para reclamar su derecho a votar sobre la independencia el 9 de noviembre, desafiando la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional español de esta consulta.

El día después de esta esperada decisión, el gobierno catalán se mostró determinado a continuar adelante e inició la defensa jurídica de este proceso que ha generado un conflicto sin precedentes con Madrid.

"Hay una situación procesal que no se puede pasar por alto pero es evidente que ayer (lunes) no terminó nada", dijo el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, pero "la determinación del gobierno es continuar".

El portavoz gubernamental reclamó también la movilización ciudadana que se materializó por la tarde con manifestaciones en las plazas de numerosos municipios, que se llenaron de gritos de "independencia" y "votaremos".

En Barcelona, bajo un fuerte aguacero, los independentistas desbordaron la histórica plaza Sant Jaume, donde se encuentran el gobierno regional y el ayuntamiento. En un balcón, un panel digital marcaba la cuenta atrás para la consulta: 39 días, 5 horas y 52 minutos

Una profesora de inglés de 51 años, Montserrat Benet, se unía a las proclamas entre un mar de paraguas. "Esto no lo para ninguna ley", decía. "Por esta razón yo, como mujer, no podría votar ahora mismo si en algún momento nadie hubiera roto la norma".

El lunes, el Tribunal Constitucional aceptó los recursos presentados poco antes por el gobierno español y suspendió cautelarmente la convocatoria, dándose un plazo de cinco meses para dictar sentencia.

Esperando esta decisión "en el mínimo tiempo posible", Homs anunció la suspensión de la campaña informativa de la consulta para no "poner contra las cuerdas a los funcionarios de la administración".

Potente región industrial de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España, con una fuerte identidad cultural e idioma propio, Cataluña lleva años en conflicto con el gobierno español, que le niega el derecho a decidir su futuro unilateralmente.

"Quien esgrime estos argumentos en realidad le está privando de ese derecho al que realmente le corresponde, que es el conjunto del pueblo español", dijo el lunes el jefe de gobierno español Mariano Rajoy.

Una iniciativa que en su opinión no se ajusta a la Constitución de 1978, pilar de la transición democrática tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), que consagra la "indisoluble unidad de la Nación española" y otorga la soberanía nacional al conjunto del pueblo español.

Respondiendo al grupo socialista en el Senado este martes, Rajoy se mostró "dispuesto a escuchar" la reforma constitucional propuesta por la principal fuerza de la oposición para solventar el conflicto catalán aunque, matizó, "no es la prioridad del gobierno".