Los choferes paralizaron ayer por segundo día las ciudades  de La Paz y El Alto, en la víspera de una huelga nacional de 72 horas de la Central Obrera Boliviana (COB) por mejoras salariales y en la séptima semana consecutiva de conflictos y disturbios.

Sin embargo, en esta  jornada de paralización, que estuvo acompañada por bloqueos de calles y avenidas,  se produjeron  choques entre vecinos y trabajadores del transporte contra una ley de regulación de tránsito que  dejó varios heridos en un barrio pobre de La Paz, informó el jefe de la Policía de Tránsito de El Alto,   José Camacho.

“Hubo un enfrentamiento en (el barrio de) Pasankeri entre vecinos y transportistas que se encontraban bloqueando la ruta. Consecuentemente hay heridos entre policías, en el lado de los transportistas y de los vecinos”, comunicó Camacho. Al menos cinco heridos fueron trasladados en ambulancias. 

“En estos momentos el lugar está pacificado, hay tranquilidad”, acotó el jefe policial, tras asegurar que  un fuerte contigente policial permanecerá en el lugar para evitar que se reanuden los enfrentamientos. Los vecinos se movilizaron a pie durante estos dos días y el trabajo  en las oficinas públicas y privadas, así como en la banca,  fue  relativamente normal. 

Frente a ello, el  ministro de Gobierno, Carlos Romero, ofreció ayer  la mediación inmediata del Ejecutivo en el conflicto entre la Alcaldía de La Paz y los choferes, luego de habilitar un carril en la ciudad para la circulación de vehículos particulares. “Es una convocatoria, una invitación, un pedido público urgente tanto al alcalde como a los representantes de los choferes para que tengamos una reunión que permita instalar un diálogo”, apuntó en conferencia de prensa en la capital. Indicó que el Gobierno pondrá a disposición de la población vehículos de las Fuerzas Armadas para aligerar la caminata que las personas realizan desde ayer.

Luego del paro de los choferes, la COB, la mayor central sindical de trabajadores, cumplirá desde hoy  una huelga de 72 horas en demanda de mejoras salariales y en apoyo a los médicos, que mantienen una huelga de más de un mes en rechazo a la ampliación de su jornada laboral de seis a ocho horas.

Esta escalada de protestas sociales obedece, según las autoridades, a una acción premeditada que pretende desestabilizar al Gobierno. “Hay una mano negra en las protestas callejeras. Existe un plan de desgaste (del Gobierno), sin importar el precio que debe pagar la sociedad”, sostuvo días atrás el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.

Según el analista independiente Carlos Toranzo, desde el gasolinazo (en que Morales tuvo que dar marcha atrás a un aumento del 83% en los precios de los carburantes, en 2010) el Gobierno y el presidente ya no son dueños de los movimientos sociales, son sus prisioneros.

Sin embargo, como “son conflictos localizados, parece que no afectan la estabilidad del régimen, en especial porque no hay oposición política, la oposición es solo social. Pero, afectan la gobernabilidad y demuestran la ineficacia administrativa del Gobierno”, añadió.

En opinión del politólogo Gonzalo Rojas,  de la Universidad estatal de La Paz, hay una ausencia de una oposición articulada que pueda capitalizar el desgaste del Gobierno frente a una ola de conflictividad en el país.