El Gobierno colombiano y la asociación de empleados y funcionarios judiciales volvieron a la mesa de negociaciones para buscarle una salida a la huelga que mantiene paralizada la rama judicial desde el pasado 11 de octubre, dijeron hoy portavoces sindicales.

El juez Carlos Ernesto Moreno, del comité negociador de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial), dijo a Efe que las partes retomaron esta tarde las conversaciones formales, interrumpidas desde hace seis días.

La nueva ronda fue convocada en la sede del Ministerio de Justicia, del que es titular Ruth Stella Correa, y a ella concurrirán como mediadores representantes o delegados de la Vicepresidencia de la República y el Congreso Nacional.

"En este momento no hay absolutamente nada", afirmó Moreno en alusión a versiones sobre un supuesto principio de acuerdo entre las partes.

Unos 45.000 trabajadores del sector judicial participan en este cese de actividades, para exigirle al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos que nivele los salarios de los empleados y funcionarios del sector, tal y como lo establece una ley de hace veinte años.

En este lapso, solo por nivelación salarial se ha acumulado una deuda de 758.000 millones de pesos (unos 414,47 millones de dólares).

La semana pasada, la ministra de Justicia ofreció a Asonal Judicial cubrir las obligaciones del Estado con el sector en el transcurso de seis años, contra tres exigidos por la asociación de trabajadores.

"Yo creo que las reclamaciones que hace el Poder Judicial son unas reclamaciones justas", dijo hoy a periodistas el fiscal general, Eduardo Montealegre.

El alto cargo agregó que el Estado está en la obligación de reconocer el derecho a la nivelación salarial de los trabajadores del sector, lo mismo que a la protesta social.

En este sentido, Montealegre se apartó de la ministra de Justicia y, también de la titular de la Contraloría General (tribunal de cuentas), Sandra Morelli, de pedir que esta huelga sea declarada ilegal.

"La ilegalidad consiste en una paralización integral, pero cuando de mantiene la prestación del servicio en los elementos fundamentales (...), ahí no hay ilegalidad en un paro judicial", opinó el fiscal Montealegre.