Gobierno colombiano y FARC publican sus acuerdos parciales para poner fin al conflicto
El gobierno de Colombia y las FARC publicaron este miércoles los acuerdos parciales alcanzados para poner fin al conflicto armado, los que incluyen una reforma rural integral, garantías y espacio para una nueva oposición y la solución al problemas de las drogas ilícitas.
Se trata de 65 páginas de los borradores de los acuerdos alcanzados desde que se iniciaron las negociaciones en noviembre de 2012: "Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral", "Participación política: Apertura democrática para construir la paz" y "Solución al Problema de las drogas ilícitas".
Ante las constantes "especulaciones sobre lo acordado" y "como una medida de transparencia", ambas partes "decidimos hacer públicos los textos de los borradores conjuntos", señalaron en un comunicado el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) antes de la difusión de los textos.
Filtraciones y desinformaciones
El jefe de la delegación oficial, el ex vicepresidente Humberto De la Calle, denunció en una declaración leída en La Habana que "opositores al proceso (de paz) han aprovechado el desconocimiento (...) para poner en circulación toda clase de versiones que pretenden desinformar, (que) buscan crear desconfianza".
"Además ha habido filtraciones de los acuerdos que han contribuido a confundir más a la opinión pública", afirmó.
"Cada colombiano podrá ahora constatar él mismo lo que hemos acordado", dijo.
Los textos íntegros de los borradores fueron publicados en el sitio web mesadeconversaciones.com.co.
Participación Política
La construcción de la paz "requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político", para lo cual debe garantizarse "el pluralismo, facilitando la construcción de nuevos partidos y movimientos políticos", señala el borrador
Ese camino "implicará la dejación de las armas y proscripción de la violencia" y garantías "para la oposición política", mediante un Sistema Integral de Seguridad que prevé el derecho a la "movilización y la protesta", así como el acceso a los medios, según el documento.
Convinieron en que el Gobierno debe prevenir, desarticular y neutralizar "cualquier fuente de violencia contra quienes ejercen la política y tomará todas las medidas necesarias para asegurar que no resurjan grupos de tipo paramilitar".
Solución del problema de las drogas
El Gobierno y las FARC reconocen que el problema de las drogas "ha tenido graves efectos sobre la población colombiana" y ha "alimentado y financiado el conflicto interno".
Para su solución se abordará como "un problema de salud" con una "nueva visión" que busque alternativas al consumo, los cultivos ilícitos y "a la criminalidad asociada al narcotráfico".
El Gobierno se compromete a enfrentar "la corrupción en las instituciones causadas por el problemas de las drogas ilícitas y liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública".
Las FARC, por su parte, se comprometen a "poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno".
Reforma Rural Integral
Ambas partes consideran necesaria una Reforma Rural Integral, pues las difíciles condiciones en el campo colombiano "han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio", según el Gobierno y son "las causas históricas del conflicto", según las FARC, que surgió en las zonas rurales en 1964.
La reforma "debe lograr la gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad (...) y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia", señala el texto.
Para ello se creará un Fondo de Tierras que provendrá de la extinción judicial de dominio en favor del Estado; terrenos baldíos, indebidamente apropiados u ocupados, sin descartar "las adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública", con indemnización. También las tierras inexplotadas o las donadas al Fondo.
El gobierno aplicará una política de gratuidad, créditos o subsidios para comprar tierra para los campesinos beneficiados.
En la declaración conjunta, se aclaró que "los acuerdos (publicados) se rigen por el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado", establecido en las reglas de funcionamiento del Acuerdo General, es decir que "hasta que no haya acuerdo sobre todos los puntos en su conjunto, no hay un acuerdo definitivo sobre ninguno de ellos".
De la Calle aclaró, además, que la publicación se hizo "sin renunciar, eso sí, a la necesaria confidencialidad de futuras discusiones y acuerdos en construcción".
"Me parece muy positivo, pero esos textos hay que traducirlos a un lenguaje muy sencillo para que la gente común y corriente, los menos letrados y enterados en el asunto, puedan entender", dijo Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.
