Los diálogos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están en un “momento crítico”, dijo ayer el comisionado de paz del gobierno colombiano, Sergio Jaramillo, a la vez que el presidente Juan Manuel Santos pidió “acelerar el proceso”.

“Estamos en un momento crítico de la negociación. Creo que en los próximos meses sabremos si esto va a salir o no, porque estamos tratando los temas esenciales y esto significa un reto particular”, dijo Jaramillo al defender ante el Congreso un proyecto de ley para refrendar un eventual acuerdo de paz en  2014.

A la audiencia de ayer también acudió el jefe negociador del Gobierno, el exvicepresidente Humberto de la Calle, quien dijo que el proyecto de ley que busca que un referendo sobre la paz coincida con las elecciones legislativas del 9 de marzo de 2014 o con las presidenciales del 25 de mayo lo que busca es dotar al proceso de un instrumento de refrendación.

“Lo que queremos es prevenir que en caso de llegar a un acuerdo con las FARC, éste se muera por falta de instrumentos para su refrendación”, manifestó De la Calle.

Las FARC abogan por una Asamblea Constituyente, ya que consideran que esto garantizará  “que la gente común del país pueda aportar iniciativas para crear leyes fundamentales para la consecución de un futuro con marco en la justicia social y soberanía”.

En paralelo, Santos pidió ayer a sus negociadores “acelerar” el proceso de paz. “Vamos a ver cómo aceleramos esta conversación, el tiempo apremia”, dijo el mandatario, que se ha propuesto firmar un acuerdo de paz antes de fin de año.

El gobierno mantiene desde 2012 un proceso de paz con las FARC en La Habana. Sin embargo, en los casi diez meses de diálogos  se ha llegado a acuerdos en el primero de los puntos de la agenda, sobre cuestión de tierras y desarrollo rural, y está en marcha la discusión sobre la participación de las FARC en política.

Faltan aún los temas relacionados con el fin del conflicto, que incluye un cese al fuego bilateral y definitivo, la cuestión del narcotráfico y el resarcimiento a las víctimas, además de la definición de la forma como se van a aplicar, verificar y ratificar los pactos firmados.

El decimotercer ciclo de los diálogos en Cuba terminó el  28 de agosto y las conversaciones entraron en receso hasta el 9 de septiembre.

Gabinete renuncia

En tanto, los miembros del gabinete ministerial colombiano ofrecieron el lunes su renuncia para dejar al presidente Juan Manuel Santos en libertad de reorganizar su equipo de gobierno.   

Esta decisión se produce cuando Santos, que gobierna con una amplia coalición de centro-derecha, enfrenta el momento de mayor conflictividad social de su periodo, con una protesta de campesinos que reclaman ayudas económicas y la revisión de los tratados de libre comercio.

La movilización -que se ha caracterizado por el bloqueo de numerosas carreteras-  ha sido apoyada por un sector de los transportistas de carga que exigen una rebaja de los precios de los combustibles, así como por pequeños mineros, centrales obreras y estudiantes universitarios.

Lo que viene ahora es la decisión final de Santos sobre a quiénes mantendrá en sus cargos y a quiénes moverá. De los 16 ministerios que existen actualmente en Colombia, los únicos ministros que han permanecido desde el inicio del mandato de Santos han sido los de Cultura, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Educación y Comercio.

Mineros levantan paro tras un preacuerdo

Los pequeños mineros que se manifestaban desde hace mes y medio en Colombia en busca de su formalización firmaron un preacuerdo con el Gobierno para levantar su protesta.

Entre los acuerdos destaca el tratamiento que se dará a la maquinaria incautada a mineros informales para que ésta sea destruida por las autoridades, “solo después de verificar si estaba incursa en actividades delictivas”, explicó  Rubén Darío Gómez, vocero de los mineros.

Además, se convino en presentar "con carácter de urgencia" un proyecto de ley al Congreso que defina el trabajo del minero artesanal y lo distinga del minero ilegal. En esa ley se establecerá qué maquinaria puede emplear el pequeño minero, las zonas donde puede trabajar y cómo podrá hacerlo sin generar daños ambientales. (AFP)