El Gobierno colombiano cifró hoy en al menos cinco millones las víctimas del conflicto armado interno, según los datos preliminares del primer censo oficial elaborado en este país, que incluye a todas las personas a las que se han vulnerado sus derechos, desde muertos hasta desplazados forzados.

En una entrevista con Efe, la directora de la Unidad Administrativa Especial para la Reparación Integral a las Víctimas de la Presidencia, Paula Gaviria, adelantó este dato, al advertir que el censo no está aún concluido y que las cifras definitivas se conocerán a mediados de este año.

"Las cifras no son todavía absolutas ni definitivas, pero estamos hablando de al menos 5 millones de personas", especificó Gaviria sobre la que es la primera estimación oficial de víctimas que hace el Gobierno de Colombia tras casi 50 años de conflicto armado.

Este registro es uno de los resultados de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigor en 2012, y pretende hacer una base de datos "única" de víctimas para impulsar nuevas estrategias de atención y restitución integral a estas personas.

Esta ley, además, estableció "una nueva definición de víctima" que hace referencia a quienes hayan sufrido "una violación a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario", incluidos los familiares "beneficiarios", en los casos de homicidio y desaparición forzada.

Según Gaviria, si bien este ejercicio es el primero que busca juntar a todas las víctimas en un mismo registro, se nutre de las anteriores recopilaciones realizadas en Colombia.

De hecho, la materia prima de este censo es un registro de desplazados que el Gobierno del expresidente Ernesto Samper comenzó en 1997.

Uno de los datos más concluyentes del censo anunciado hoy por Gaviria es que "el 79 % de las víctimas registradas fueron desplazadas en el marco del conflicto".

Siguen las víctimas de homicidios y masacres, las de desaparición forzada, atentados, explosión de minas antipersonales, secuestros, torturas y reclutamiento infantil por grupos armados ilegales.

"A la luz de esos nuevos criterios de lo que es una víctima, durante el año pasado, que fue cuando se empezó a implementar la ley, nosotros incluimos y reconocimos en el registro a 536.000 nuevas personas", agregó la funcionaria.

Como el registro no está completo, tampoco se conocen por el momento cifras oficiales sobre los victimarios.

Gaviria destacó que el trabajo de la unidad presidencial que dirige desde hace un año, y que fue creada para implementar la Ley de Víctimas, ha permitido también reparar a 157.013 personas, a las que además se les ha brindado atención psicológica.

La directora del organismo resaltó, asimismo, que se ha logrado mejorar el nivel de la confianza de las víctimas en el Estado, sobre todo entre las que en el pasado fueron estigmatizadas, otras han tomado conciencia de su condición y cada vez hay "menos barreras para denunciar".

Precisamente el temor a denunciar violaciones a los derechos humanos ha generado un subregistro de víctimas, que en 2011 se estima era del 20 % del total.

"Hay un desafío en delitos como la violencia sexual, con gran impacto en los subregistros. Las víctimas siguen teniendo miedo a las represalias, pero sobre todo por vergüenza. Hay una carga social muy fuerte que no sólo tiene que ver con confianza y seguridad", detalló.

En el censo elaborado hasta ahora, tan sólo 1.750 víctimas de los 5 millones registradas han sufrido violencia sexual derivada del conflicto, cuando se trata de uno de los crímenes más frecuentes en este contexto, según estudios de organismos humanitarios.

El reconocimiento y reparación a las víctimas es un punto clave en la negociación de la paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que desde octubre pasado están inmersos en el tercer intento de paz. EFE