El Gobierno chileno inició hoy los contactos para apaciguar los ánimos y buscar soluciones al conflicto mapuche que afecta a la región sureña de La Araucanía, agravado en las últimas dos semanas a raíz de la muerte de un matrimonio en un incendio intencionado.

Los ministros del Interior, Andrés Chadwick, y de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, se desplazaron a Temuco, la capital regional, a 672 kilómetros al sur de Santiago, para sostener tres reuniones con distintos actores políticos y sociales.

Las citas congregaron, por separado, a parlamentarios de La Araucanía, tanto de la coalición gubernamental como de la oposición; a alcaldes y concejales mapuches, y a empresarios, agricultores y víctimas de ataques.

Esos incidentes se han producido de forma intermitente desde los años 90 en el marco del conflicto que enfrenta a los mapuches, principal etnia del país, con empresarios de la zona por la propiedad de tierras que los indígenas consideran ancestrales.

El ataque más grave causó el pasado 4 de junio la muerte a un empresario agrícola, Werner Luchsinger, y a su mujer, Vivian Mackay, cuando una veintena de personas, de la que solo una fue detenida en ese momento, prendió fuego a su vivienda.

"No queremos generar grandes expectativas, porque sabemos que hay temas pendientes desde hace muchos años y no los resolveremos de un día para otro", señaló hoy a los periodistas el ministro Lavín.

Según dijo, en las conversaciones se habló del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y sobre las fórmulas de participación política de los mapuches, que no tienen a ningún representante en el Congreso.

Uno de los alcaldes asistentes, Juan Carlos Reinao, se identificó hoy como miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una organización mapuche radical a la que el Gobierno culpa de algunos ataques en la zona, aunque no del que causó la muerte del matrimonio.

"Creo que el Gobierno tiene una gran oportunidad de negociar, no solo con la CAM, sino con todo el pueblo mapuche", declaró Reinao, edil de Renaico y médico cirujano titulado en una universidad de Cuba.

Otro alcalde, Fernando Huaiquil, exigió, como "garantías para establecer un diálogo", que se retire a los carabineros que tienen "sitiadas" a las comunidades mapuches y que se dé de baja a los policías que han causado la muerte a miembros de esa etnia.

El ministro del Interior rechazó que se intenten poner condiciones para conversar y señaló que esperan continuar con estos contactos la próxima semana, también en La Araucanía.

Además, confirmó que el Gobierno, que en principio había rechazado la invitación, tendrá a un representante, aún por definir, en una cumbre que las comunidades mapuches convocaron para este jueves en el cerro Ñielol, en Temuco, aunque ese emisario asistirá solo en calidad de "observador".

Tras el atentado del 4 de enero, el Ejecutivo decidió como primera medida reforzar el contingente policial en la zona, donde se han seguido registrando ataques, y también resolvió invocar la ley antiterrorista contra quienes resulten responsables.

De hecho, el pasado viernes, la fiscalía imputó bajo la ley antiterrorista al primero de los tres mapuches detenidos por el ataque en que murió el matrimonio.

Además, el presidente, Sebastián Piñera, anunció ayer que se reactivará la tramitación de la conocida como "Ley Hinzpeter" -en alusión al anterior ministro del Interior- que fortalece la protección del orden público y que ha recibido críticas, especialmente de estudiantes y gremios de prensa.

Según datos de la Fiscalía citados hoy por el diario La Tercera, las denuncias de delitos en La Araucanía asociados al conflicto mapuche aumentaron un 77 % en un año, de 169 en 2011 a 300 en 2012. EFE