Para garantizar la seguridad de los usuarios, el Gobierno argentino tomó control ayer en forma temporal de la firma ferroviaria TBA, uno de cuyos trenes se estrelló hace una semana y dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos.

“Se dispuso la intervención por orden de la presidenta. Está en juego el interés público y las condiciones de seguridad de los usuarios”, dijo el ministro de Planificación, Julio De Vido. El tercer mayor accidente ferroviario de la historia argentina se registró el miércoles pasado en la estación terminal Once de la línea Sarmiento, que une la periferia oeste con el centro de Buenos Aires, cuando un convoy con cerca de 2.000 pasajeros se estrelló contra el paragolpe del andén.

La causa judicial está en marcha sin que nadie haya sido acusado aún por los hechos, pese a que la presidenta Cristina Fernández  reclamó el lunes a la justicia actuar con rapidez.

La intervención administrativa y técnica del Gobierno tiene carácter “cautelar provisoria, por el plazo de 15 días o hasta tanto se sustancie el proceso penal (duración de los peritajes judiciales)”, según la resolución.

La Auditoría General de la Nación (AGN, inspección), controlada por la oposición, ha reclamado poner fin a la concesión de la firma TBA, de capitales argentinos, al igual que lo hicieron dirigentes políticos y sociales, incluso de la órbita progubernamental.

“Quizás vamos a tener algunos trenes menos, quizás vamos a tener horarios distintos a los diagramas habituales y esto no debería provocar situaciones de zozobra”, precisó el secretario de Transportes, Juan Pablo Schiavi.