El Tribunal Supremo español fijó para el 1 de mayo de 2021 la fecha de cumplimiento de los once años de inhabilitación de juez que se le impuso a Baltasar Garzón, aceptando el recurso interpuesto por el ex magistrado.

La condena le fue impuesta por intervenir conversaciones en prisión entre imputados y abogados del caso “Gürtel”, una red de presunta corrupción que afectó a cargos políticos del Partido Popular (PP).

Cuando se ejecutó la condena, el Supremo calculó que la inhabilitación se prolongaría hasta el 3 de abril de 2022, pero Garzón recurrió  al constatar que para hacer ese cómputo el Alto Tribunal no tuvo en cuenta el tiempo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces españoles, lo mantuvo suspendido de forma cautelar por otro caso.

La suspensión se produjo cuando el Supremo le abrió una investigación por un delito de presunta prevaricación en la instrucción abierta por el juez sobre los crímenes y desapariciones durante la guerra civil y el franquismo, causa por la que finalmente fue absuelto.

El Supremo consideró que el recurso de súplica de Garzón “debe prosperar, pues en la liquidación de condena de once años de inhabilitación”, que le fue impuesta el 9 de febrero pasado, “se omitió el tiempo que estuvo suspendido provisionalmente”.