El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por diversos crímenes, puede enfrentar otro juicio por las esterilizaciones forzadas de unas 270.000 mujeres, confirmaron hoy sus acusadores.

Así lo señalaron el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).

dedicada a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres.

Carlos Rivera y la organización no gubernamental Demus María Isabel Sedano, que impulsan la pesquisa.

Rivera explicó que en 2009 un fiscal archivó la denuncia por las esterilizaciones de las que había sido excluido Fujimori, pero la pesquisa fue reabierta en 2012 y al año siguiente el juez Marco Guzmán, quien dispuso que el exgobernante sea incluido por tratarse de un caso de violación de derechos humanos.

Según Sedano, existen elementos probatorios para denunciar a Fujimori por crimen de lesa humanidad, así como a quienes fueron los ministros de Salud que llevaron adelante el plan de esterilización masiva de mujeres humildes, Alejandro Aguinaga, actualmente parlamentario, y Marino Costa Bauer.

Añadió que las pesquisas de la fiscalía deben culminar con un dictamen acusatorio en enero de 2016 y han reunido ya los medios probatorios para una nueva acusación contra Fujimori y sus exministros.

La activista resaltó el compromiso contraído ante instancias internacionales por el gobierno peruano para culminar en breve la investigación y el reciente reconocimiento gubernamental de la necesidad de abrir un registro de víctimas del caso.

Para impulsar las pesquisas y el cumplimiento de los compromisos oficiales, Demus y otras entidades desarrollan la campaña "Somos 2074 y muchas más", que busca promover reparaciones integrales paras las víctimas de esterilizaciones forzadas.

Sedano informó que la cifra se refiere al número de denunciantes, una mínima parte de las 270.000 afectadas entre 1996 y 2001, a la que se han agregado recientemente otras 800.

La candidata presidencial e hija del exgobernante, Keiko Fujimori, intentó recientemente minimizar el tema y admitió que solo hubo pocas esterilizaciones forzadas, culpando a algunos médicos, lo que fue rechazado por el gremio médico, que responsabilizó al gobierno de la época.

Fujimori cumple una condena de 25 años como autor mediato de dos matanzas de sospechosos de terrorismo, perpetrada por un grupo paramilitar, y otros delitos y el poder judicial pide a la corte suprema de Chile autorización para juzgarlo también por otra masacre de seis detenidos.

La justicia chilena debe dar luz verde al juicio porque al acceder a su extradición desde ese país en 2007 precisó los delitos por los que los tribunales peruanos podían juzgarlo. (I)