Militares y policías federales mexicanos asumieron el miércoles la seguridad del turístico balneario de Acapulco (sur) y de otra treintena de municipios como parte de un plan especial del gobierno a raíz de la crisis desatada por la desaparición de 43 estudiantes.

"Acapulco será objeto de una focalización de esfuerzos institucionales", subrayó el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, en un evento celebrado en la ciudad de Iguala (Guerrero, sur), donde en septiembre ocurrió la desaparición y presumible masacre de los 43 estudiantes.

El despliegue federal tiene como objetivo restablecer la seguridad en esta ciudad portuaria de 790.000 habitantes, en la costa del Océano Pacífico mexicano, para la llegada de turistas en estas próximas vacaciones navideñas, explicó Rubido.

La industria turística de Acapulco, uno de los principales destinos de México, se ha visto afectada en las últimas semanas por las fuertes protestas por la desaparición de los estudiantes en Iguala, ambas ciudades pertenecientes al estado de Guerrero y separadas por 220 km.

La imagen de Acapulco ya estaba gravemente dañada en los últimos años por la ola de enfrentamientos entre cárteles de la droga que la convirtieron en una de las ciudades más violentas del país.

El gobierno federal tenía desde hace meses a unos 500 policías federales apoyando en la seguridad del puerto y a militares patrullando por la zona hotelera.

El presidente Enrique Peña Nieto visitará el jueves Acapulco para encabezar un evento de desarrollo económico, adelantó una fuente de la presidencia.

El brutal crimen de Iguala ha marcado un punto de inflexión de la presidencia de Peña Nieto (2012-2018) y exhibió de nuevo la profunda infiltración del narcotráfico en las policías mexicanas.

La noche del 26 de septiembre, decenas de estudiantes fueron brutalmente atacados por policías locales que supuestamente seguían órdenes del alcalde. La fiscalía teme que los 43 jóvenes que desaparecieron durante los ataques fueron entregados por los agentes a sicarios del cártel Guerreros Unidos que los asesinaron ante de incinerar sus cadáveres.

Para enfrentar la corrupción policial, Peña Nieto anunció el pasado jueves un paquete de medidas que incluye la propuesta al Congreso de eliminar todas las policías municipales del país y que únicamente haya 32 cuerpos, uno en cada estado, con un mando centralizado.

El presidente, que ya había relevado a toda la policía de Iguala y de otros 15 municipios de la zona, también anunció un operativo especial de seguridad para otros municipios de Guerrero y estados vecinos afectados por el crimen organizado.

Este miércoles, en el acto solemne en Iguala al que asistieron el ministro de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la cúpula militar, se detalló que el operativo federal asumirá la seguridad de otros 36 municipios: 22 de Guerrero, 8 del Estado de México (centro), 4 de Morelos (centro) y 2 de Michoacán (oeste).
La policía federal se encargará principalmente de la seguridad en el terreno pero "el mando de la totalidad de las fuerzas federales recae en la Secretaría (ministerio) de Defensa Nacional", recalcó Rubido.

Estas medidas se toman para que las fuerzas de seguridad "nunca traicionen a la sociedad", dijo Osorio Chong en referencia a los ataques de la policía de Iguala contra los estudiantes.

El crimen de Iguala, uno de los peores de la historia reciente de América Latina, ha generado una ola de indignación nacional sin precedentes en México y ha colocado a Peña Nieto en la peor crisis desde que arrancó su presidencia en 2012.