La expulsión de jóvenes de varias onegés e indígenas que se manifestaron en uno de los plenarios de la Cumbre del Clima de Madrid "contradice" lo manifestado por los mandatarios en el sentido de "dar más voz a la sociedad civil", ha asegurado este jueves 12 de diciembre del 2019 Fridays for Future (FFF).

La protesta del miércoles se celebró bajo el cartel con el hastag es #Tiempo de actuar, sostiene el español Alejandro Martínez, de FFF, quien denuncia que policías de Naciones Unidas "arrancaron a varios miembros de onegés" -los observadores de las negociaciones- sus acreditaciones.

Temían que hoy no se les permitiese la entrada al recinto donde se celebra la XXV Cumbre de la Convención de Naciones Unidas (COP25), pero, "tras las negociaciones de la Climate Action Network (CAN), que aglutina a las onegés, han "podido acceder sin problema".

"No se está escuchando a la sociedad civil, a los pueblos indígenas, que son de las poblaciones más vulnerables al cambio climático", asevera el joven activista en declaraciones a Efe.

El desplazamiento de la COP a Madrid "no ha permitido que estén presentes" muchos de los representantes indígenas y de organizaciones sociales que "ya tenían su espacio en Chile".

Críticas a la actuación de la Policía de la ONU

"Intentábamos dar apoyo a su presencia" y que "la sociedad civil sea escuchada porque en la actividad participó además la activista sueca Greta Thunberg", y "eso ató las manos a la policía de Naciones Unidas y pudimos estar en el escenario del plenario durante casi veinte minutos", señala.

Naciones Unidas "ha intentado edulcorar la represión en su información por la presión mediática que tenían".

"Intentábamos apoyar -añade- una acción indígena para reclamar más compromisos, pero la atención se centró en los jóvenes porque los indígenas no tienen la misma atención que Fridays for Future".

"Fuimos expulsados todos, jóvenes e indígenas", asevera.

A juicio de Martínez, se entra en una "nueva dimensión" en la que la "sociedad pide más acción" y así lo ha manifestado la ministra española en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La titular chilena de Medio Ambiente, Cristina Schmidt, cuyo país preside la COP25, aseguró en el discurso de apertura que esta cumbre "debe centrarse en las personas", pero, añade, "estamos viendo que no es así" y "esta acción de la policía de Naciones Unidas marca un precedente por nunca antes había sucedido en una reunión de estas".

Las empresas, que son "las que siguen contaminando y las causantes de la emergencia climática actual", van a poder seguir entrando en las reuniones".

Justicia climática

La "emergencia climática es actual", el Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC) dice que hay solo diez años para actuar, eso significa que "tenemos que implantar los cambios desde ya para no llegar a un punto de no retorno".

Uno de los puntos que "exigimos desde FFF es justicia climática", y lo que se intentaba en esta COP25 es que el tema de los derechos humanos se incorporara al artículo 6 del Acuerdo de París, que se negocia en Madrid.

Eso significa, indica, que quienes "más están sufriendo las consecuencias estuvieran incluidos en ese artículo", pero "países como Brasil se está oponiendo a esto porque justifica la deforestación en la Amazonía de grandes extensiones y el desplazamiento de indígenas, que luego las compensa con la siembra de unas pocas hectáreas".

Si los resultados de las negociaciones no son satisfactorias, habrá que "seguir con las manifestaciones y la presión en todo el mundo porque ya hay gente que está muriendo por la crisis climática".

"La voz de los indígenas y del sur global son importantes, porque ¿dónde está África en esta cumbre?", demanda.

Son los "lobbys los que siguen haciendo presión, recordemos que solo cien empresas en el mundo producen el 75 % de las emisiones en el planeta", concluye. (I)