La adopción definitiva de un cuestionado proyecto económico debe concretarse hoy después que el gobierno francés anunció que recurrirá por tercera ocasión a un atajo constitucional para facilitar su aprobación.

Se trata del artículo 49.3 de la Constitución, el cual da la facultad de aprobar un proyecto de ley sin necesidad de tener la anuencia de la Asamblea Nacional.

La ampliación de cinco a 12 del número de domingos laborales al año en el país, para favorecer a los grandes centros comerciales y otros establecimientos, constituye uno de sus aspectos más cuestionados del texto, pues supondría poner fin a una conquista histórica de los trabajadores: la semana laboral de 35 horas.

Fuertes debates y ánimos políticos exaltados caracterizaron el primer paso por ese ente legislativo en febrero pasado de la denominada Ley sobre la Actividad y el Crecimiento, más conocida como Macron, en referencia al nombre del ministro de Economía, Emmanuel Macron.

En aquel momento, el primer ministro Manuel Valls decidió acogerse al referido artículo ante la dificultad para alcanzar una mayoría de votos, cuando todo apuntaba a que, incluso diputados por el gubernamental Partido Socialista (PS), se opondrían.

Durante su examen y posterior aprobación por el Senado, el 12 de mayo, el texto sufrió algunas modificaciones.

Como debía ser analizado nuevamente en la Asamblea, Valls decidió recurrir al mencionado artículo con el argumento de que no se trataba de un acto de autoridad, sino de eficacia económica y de la necesidad de avanzar más rápido.

Las críticas se dispararon con argumentos de quienes lo consideraron una negación de la democracia y un paso forzado del proyecto.

Al igual que en febrero, la oposición presentó una moción de censura que volvió a fracasar. Por ello, tras el anuncio de este jueves, decidió que no presentaría moción.

De esa forma, el proyecto se consideraría adoptado en el transcurso de 24 horas, con lo cual terminaría un periplo legislativo de unos siete meses.

Tras su adopción deberá pasar por el examen del Consejo Constitucional, paso necesario para poder ser promulgado. El partido conservador Los Republicanos comunicó que manifestará al Consejo su desacuerdo con el texto y manera cómo se logró su avance.

La última vez que un gobierno galo recurrió a ese recurso fue en 2006, cuando el entonces primer ministro Dominique de Villepin lo usó para sacar adelante su proyecto de ley de igualdad de oportunidades y su cuestionado contrato laboral para los jóvenes.

El actual presidente del país, François Hollande, era uno de los críticos de ese recurso constitucional, cuando estaba al frente del PS. (I)