La Fiscalía General de Bolivia informó hoy que ha rechazado dos demandas por genocidio contra el presidente del país, Evo Morales, presentadas por indígenas y opositores tras la violenta represión policial contra la marcha de nativos que se opuso a la construcción de una carretera en el parque natural Tipnis.

El fiscal general, Mario Uribe, dijo a los medios en la ciudad sureña de Sucre, sede del Poder Judicial, que decidió "rechazar las dos proposiciones acusatorias que se han planteado" en contra de Morales y del vicepresidente del país, Álvaro García Linera.

"La decisión que ha tomado mi autoridad es única y exclusivamente en el proceso (...) contra el Presidente y el Vicepresidente. Con relación a las demás personas y autoridades, en el proceso que se está siguiendo en La Paz se establecerá lo que corresponda", agregó.

La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano y una decena de parlamentarios opositores presentaron en octubre del 2011 demandas separadas por "genocidio" contra Morales, García Linera, varios ministros y jefes policiales por la represión policial del 25 de septiembre del mismo año.

El argumento para ambas demandas fue que la legislación boliviana señala que no solo se juzga por genocidio a quienes exterminan un pueblo, sino también a los que causan lesiones graves o tratos inhumanos, como ocurrió con el ataque policial.

La represión se produjo cuando los indígenas, principalmente de la Amazonía, descansaban pacíficamente en un campamento provisional cerca del pueblo de Yucumo, a más de 300 kilómetros de La Paz.

Unos 500 agentes les atacaron con gases y porras, amordazaron a sus dirigentes y a mujeres y trasladaron por la fuerza a decenas de ellos en autobuses y camionetas a pueblos vecinos.

La acción policial, que fue calificada de "imperdonable" por Morales, causó una crisis en su Gobierno con la renuncia de dos ministros y otras autoridades, pero ni él ni ningún funcionario estatal han asumido responsabilidad por lo ocurrido.

Aquella movilización finalmente llegó a La Paz en octubre y obligó al mandatario a frenar la construcción de la carretera financiada por Brasil que iba a dividir en dos la reserva natural Tipnis, aunque ahora indígenas afines a su Gobierno marchan a favor del proyecto vial. EFE