Santiago Uribe, hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe, fue llamado a proceso judicial por la Fiscalía General para que responda por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado; esto, en el marco de los vínculos que tuvo con un grupo paramilitar, responsable de cientos de ejecuciones y violaciones a los derechos humanos.

El acusado, quien está detenido en una guarnición militar desde febrero del año pasado, solicitó a la Fiscalía revocar los cargos por una supuesta falta de pruebas en su contra, pero la institución rechazó ese recurso.

El despacho de la vicefiscal general, Paulina Riveros, señaló en un comunicado que no se encontraron méritos para revocar la decisión del fiscal Carlos Iván Mejía de presentar cargos contra el hermano del expresidente el año pasado, por lo que “se confirmó la resolución de acusación respectiva”.

De acuerdo con las investigaciones, Santiago Uribe, un ganadero, caballista y empresario agrícola en el municipio de Yarumal, el noroccidental departamento de Antioquia, patrocinó al grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’ en esa ciudad, donde esa organización delictiva sembró el terror.

La Fiscalía cuenta con testimonios de expolicías, exparamilitares y extrabajadores de la finca de Uribe sobre los supuestos vínculos del acusado con ese grupo paramilitar.

El mayor retirado, Juan Carlos Meneses, quien fue comandante de la Policía en Yarumal, declaró ante la Fiscalía que en 1993 conoció que el jefe de ‘Los 12 Apóstoles’ era Santiago Uribe, hermano del entonces senador Álvaro Uribe, y propietario de la hacienda La Carolina, en las inmediaciones de Yarumal.

Según Meneses, al reunirse con Santiago Uribe acordó con él que la Policía iba a encubrir y apoyar los crímenes cometidos por ese grupo paramilitar para “limpiar” de comunistas la zona.

“Santiago me dice -relató Meneses-: ‘vea, reciba esta plata o no la reciba, nosotros tenemos el apoyo de los comandantes de la Policía a nivel departamental y amigos a nivel nacional; nosotros vamos a seguir actuando’, y yo dije ‘bueno pues, pa’ delante’. Ese fue el compromiso con Santiago”.

El hermano del expresidente será procesado por la autoría del asesinato del conductor Camilo Barrientos, ocurrido el 25 de febrero de 1994.

Meneses declaró que Santiago Uribe habría dado la orden porque Barrientos era un supuesto colaborador de la guerrilla de las FARC, y habría encargado otros crímenes de ‘limpieza social’ cometidos por ‘Los 12 Apóstoles’.

Luego de conocer la decisión de la Fiscalía de dejar en firme los cargos contra el acusado, el expresidente Uribe escribió en su cuenta de Twitter: “Acompañaré a mi hermano en el juicio con toda solidaridad. Pronto revelaré pruebas que los fiscales Mejía y (Eduardo) Montealegre (exfiscal general) nunca buscaron”.

Según las investigaciones, ‘Los 12 Apóstoles’ asesinaron a unas 30 personas en Yarumal, entre presuntos guerrilleros, extorsionistas, ladrones y secuestradores. “El grupo se dedicaba a asesinar a pequeños delincuentes, drogadictos, así como a supuestos y auxiliadores de la guerrilla”, dijo el mayor Meneses.

La Fiscalía tiene otros testigos en contra de Santiago Uribe, a quien el expresidente considera víctima de una persecución política en su contra.

Al ratificar los cargos contra el acusado, la vicefiscal general notificó de la decisión a Uribe y a sus abogados.

El líder del equipo de la defensa, Jaime Granados, dijo que disiente de la decisión de la vicefiscal de negar la apelación de su cliente, pero que la respeta.

La vicefiscal retornará el expediente al fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema, Carlos Iván Mejía, quien instruyó la investigación y formuló los cargos, y se dará un tiempo para que las partes preparen los argumentos que llevarán al juicio.

Este no es el único caso penal que enfrenta el hermano menor del expresidente.

En febrero pasado, un tribunal de Medellín pidió a la Fiscalía General investigar a Santiago Uribe y a medio centenar de personas por su presunta responsabilidad en la ejecución de crímenes y graves violaciones a los derechos humanos contra campesinos, afrodescendientes e indígenas en los departamentos de Antioquia y Chocó.

Los testimonios en su contra fueron son de exintegrantes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los delitos a perseguir son concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, reclutamiento, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales. (I)