La nueva fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, anunció este 8 de enero que declarará en emergencia al Ministerio Público para afrontar la crisis de ese organismo y acelerar las investigaciones de grandes casos de corrupción en el país.

"Se instruye declarar en emergencia al Ministerio Público con la finalidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en nuestra institución", señaló Ávalos en una rueda de prensa ofrecida poco después de ser nombrada para reemplazar al polémico Pedro Chávarry, en medio de una grave crisis en el Ministerio Público peruano.

Ávalos adelantó que, entre las medidas que comprenderá la emergencia, estará el incremento del apoyo al equipo especial encargado del caso de corrupción Lava Jato "independientemente de quienes sean los investigados".

También se aumentará el apoyo a la Fiscalía especializada de la provincia del Callao que investiga a una red de corrupción en la Judicatura conocida como "Los cuellos blancos del puerto" y a la Fiscalía especializada en delitos cometidos por funcionarios.

Esta última tiene entre sus investigaciones los casos del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), así como del exmagistrado César Hinostroza, quien se encuentra en proceso de extradición desde España por presuntamente liderar a "Los cuellos blancos del puerto".

Además, Ávalos detalló que su gestión brindará "todo el apoyo logístico necesario" y se formará un equipo especializado encargado de transcribir las escuchas telefónicas que a mediados del año pasado revelaron la corrupción en la Judicatura, y se tomarán "las acciones correspondientes" contra los funcionarios implicados en estos casos.

Otra de las medidas será el fortalecimiento de las áreas de prevención de la Fiscalía Suprema de Control Interno y sus oficinas desconcentradas, las cuales tendrán visitas inopinadas a nivel nacional.

Ávalos dijo que asume el liderazgo del Ministerio Público como una "oportunidad de cambio real y sustantivo" y anunció que presentará un proyecto de modificación de la Ley de la carrera fiscal que "permita ser más drásticos en las medidas que se imponen a los fiscales que han incurrido en actos de corrupción".

"La ley de la carrera fiscal tiene aspectos que limitan la investigación y sanción de conductas al interior de la institución", apuntó.

La fiscal asumió el liderazgo del Ministerio Público después de que la Junta de Fiscales Supremos aceptó la renuncia de Pedro Chávarry al cargo, quien desde que asumió el puesto en julio pasado fue cuestionado por sus presuntos nexos con "Los cuellos blancos del puerto", que negociaban prebendas y favores al interior de la Judicatura peruana.

Mediante una serie de escuchas difundidas por medios de comunicación, se mostró una cercanía entre Chávarry e Hinostroza, mientras que al ahora ex fiscal general también se le acusa de interferir en las investigaciones del caso Lava Jato en Perú.

Esto se debería a su presunta cercanía con la líder opositora Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, sospecha que se profundizó tras la difusión de imágenes de un chat donde congresistas fujimoristas expresaban la necesidad de mantenerlo al frente del Ministerio Público.

Además de Fujimori, quien cumple prisión preventiva mientras es investigada por un presunto lavado activos, por los casos Lava Jato y Odebrecht en Perú están siendo investigados los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán. (I)