"Se han investigado responsablemente 22 casos y esos expedientes están siendo pasados al Ministerio Público (Fiscalía)" para que este organismo "valore y determine la pertinencia de presentar requerimiento fiscal" contra los responsables, dijo a periodistas la ministra hondureña de Derechos Humanos, Karla Cuevas.

La funcionaria hondureña reaccionó así al informe publicado hoy por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Acnudh) que indica que en las protestas murieron "por lo menos 22 civiles y un agente de la Policía".

Cuevas indicó que el Estado hondureño "no se ha quedado de brazos cruzados y está abonando para que esas investigaciones finalmente deduzcan responsabilidades".

Destacó que el país centroamericano "ha avanzado en fortalecer la investigación criminal y la científica forense", y descartó que el Estado de Honduras vaya a ser sancionado por estas muertes.

"Las investigaciones no se han parado, creemos que se ha avanzado", subrayó la alta funcionaria de Derechos Humanos, quien insistió en que será la Fiscalía del país la encargada de dar trámite a esos casos.

El informe del ente de la ONU destaca de que los cuerpos de seguridad de Honduras "utilizaron una fuerza excesiva, incluso letal" para dispersar las protestas surgidas después de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, en las que el presidente del país, Juan Orlando Hernández, fue reelegido.

El organismo indicó que hubo violaciones de derechos humanos entre el día de la votación, el 26 de noviembre de 2017, y la toma de posesión del presidente hondureño, el 27 de enero pasado.

Según esa agencia de Naciones Unidas, aunque algunos de los manifestantes realizaron actos violentos, "el análisis del tipo de lesiones sufridas por las víctimas indica que las fuerzas de seguridad hicieron un uso intencional y letal de las armas de fuego, incluso más allá del propósito disuasorio o de defensa propia, como cuando los manifestantes estaban huyendo".

"En particular, esto quedó ilustrado por los casos de siete víctimas que murieron como consecuencia de disparos en la cabeza", y "estos casos suscitan serias preocupaciones y podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales", destaca el informe.

Indica que, hasta el 27 de enero pasado, según información recibida, no se habían presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación con las muertes y lesiones ocurridas.

Salvador Nasralla, quien fue candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, no reconoce los resultados de los comicios y asegura que los muertos después de las elecciones superan los 40.

La Acnudh instó al Gobierno de Honduras, entre otras cosas, a que entable un diálogo nacional participativo sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los derechos humanos y la reconciliación. (I)