Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos mantendrán su apoyo al Ministerio Público guatemalteco y fortalecerán a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), una vez termine la misión la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Es decir, desde mañana.

La Corte de Constitucionalidad del país, el martes pasado, decidió de manera unánime no otorgar un amparo provisional que buscaba impedir la salida de la Cicig, luego de choques entre ese ente tutelado por Naciones Unidas y el Gobierno del país.

En 2018, el presidente Jimmy Morales puso fin a su mandato cuando su propia familia sintió el rigor de su gestión. La Cicig presentó cargos en contra del hermano y el hijo de Morales por estar involucrados en un esquema fraudulento.

La situación empeoró cuando la comisión acusó a Morales mismo, además de  algunos de los empresarios más poderosos de Guatemala, de incurrir en violaciones en el financiamiento de su campaña.

La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, agradeció el interés y presencia de la comunidad internacional en este proceso post-Cicig, en el que su despacho diseñó el “plan estratégico institucional”, que contempla la “continuidad a la lucha contra la impunidad y la corrupción”, que se incorporará formalmente con su mismo personal a la Fiscalía, como lo asegura el acuerdo 59-2019.

Porras subrayó que la Fiscalía heredera de Cicig contará con “el invaluable apoyo” de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de EE.UU., así como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, que diagnosticaron y avalaron a la entidad.

La Cicig y la FECI llevaron ante la justicia 128 casos, desarticularon 54 estructuras, investigaron más de 199 casos y consiguieron que jueces condenaran a 327 personas en 12 años de trabajo, lo que generó una dinámica social distinta a la vivida en el país centroamericano en relación a la justicia.