La Fiscalía General de Colombia informó ayer miércoles 27 de marzo que ha abrió 9.157 investigaciones contra las FARC por delitos asociados al uso de métodos ilícitos de guerra, como cilindros bomba y armas no convencionales, para atacar durante el conflicto armado.

Así lo detalló la entidad en su informe "Medios y métodos ilícitos de guerra utilizados por las FARC", que entregó a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y servirá para que ese tribunal investigue los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, calificó como "desgarrador el nivel al que llegó el conflicto armado en Colombia" y señaló que en ese documento se indaga sobre masacres y laceraciones a la población civil por parte de la antigua guerrilla.

Según la Fiscalía, las FARC emplearon métodos de guerra que "causaron graves violaciones a los derechos humanos" y al medioambiente entre 1994 y la firma del acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016.

Por estos hechos se han abierto 5.607 investigaciones por terrorismo, 1.791 por actos de terrorismo, 1.512 por utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, 85 por destrucción y apropiación de bienes protegidos, 16 por actos de barbarie y 9 más por perfidia, entre otros.

Los ataques perpetrados por la antigua guerrilla, ahora convertida en partido político, son recordados por su crueldad al usar tatucos (cilindros bomba), carros bomba y armas no convencionales, con los cuales atentó contra la ciudadanía o estaciones militares y policiales que dejaron miles de víctimas.

La mayoría de estos ataques ocurrieron en los departamentos de Meta, Antioquia, Cauca, Arauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Cundinamarca, Tolima y Caquetá.

Además de este informe, la Fiscalía entregó a la JEP otros cinco documentos, con los que esa entidad completa 17 textos entregados al tribunal.

"Hemos venido a la JEP para hacer entrega de los últimos informes de los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Esta es la materia prima para las investigaciones que está haciendo la JEP", manifestó Martínez a periodistas.

El primer informe entregado este miércoles es "Movilización forzada por parte de las FARC-EP" en el que se detalla cómo la antigua guerrilla se apropió de terrenos, con lo que dejó a 38.125 víctimas entre 1990 y 2008.

De igual forma, en "Movilización forzada por parte de agentes del Estado" se explica que por operaciones de la fuerza pública y por su "connivencia con los entonces grupos de autodefensas" se desplazaron 4.982 personas.

Asimismo, el fiscal entregó los textos "Muertes grupales y selectivas cometidas por agentes del Estado", "Muertes grupales y selectivas cometidas por las FARC-EP" y "Vínculos entre las FARC-EP e integrantes de la fuerza púbica".

Tras la entrega de los documentos, Martínez afirmó que "la posta queda ahora en manos de la JEP, con la confianza de que aquí se va a resarcir moral y materialmente a las víctimas, que son el centro de la reconciliación nacional".

"Ellos (JEP) están muy agradecidos porque estos informes han permitido en su gran mayoría servir de base para la apertura de los siete casos que hoy lleva a cabo la JEP", acotó Martínez, quien detalló que en este proceso trabajaron más de 200 funcionarios durante tres años.

La JEP ha abierto casos para investigar los secuestros perpetrados por las FARC entre 1993 y 2002, la violencia contra pueblos étnicos en Colombia y por los "falsos positivos", como se conoce en el país el asesinato de civiles a manos de militares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.

También indaga sobre los crímenes ocurridos en la región del Urabá (noroeste), los cometidos en ocho municipios del departamento del Cauca (suroeste), el genocidio del partido Unión Patriótica (UP) y el reclutamiento y uso de niñas y niños en el conflicto. (I)