Santiago Maldonado, joven artesano desaparecido desde el pasado 1 de agosto en una protesta mapuche en la Patagonia, se convierte en una piedra en el zapato para el presidente Mauricio Macri.   

El último capítulo de esta trama que mantiene en vilo no solo a los familiares del joven, sino también al país entero, provocó un cimbronazo en el Gobierno.  

El fiscal, Federico Delgado, abrió una causa por el delito de encubrimiento al mandatario, a su jefe de gabinete, Marcos Peña, y a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El fiscal pidió investigar a todos ellos para determinar si encubrieron a la gendarmería, principal acusada por la desaparición forzada de este joven que el 1 de agosto acompañó un corte de ruta en el Pu Lof (comunidad mapuche) de Cushamen, asentado en tierras ancestrales hoy en poder del grupo Benetton en la provincia patagónica de Neuquén.

Delgado le exigió al jefe de gabinete informar urgentemente todas las acciones que el Estado ordenó para encontrar a Maldonado, artesano que vive en la localidad El Bolsón, a 70 kilómetros del lugar donde la Gendarmería reprimió ese día a los indígenas que reclamaban por la devolución de sus tierras. Maldonado estaba allí en solidaridad con la lucha del pueblo mapuche.

El Gobierno, en especial a través de su ministra de Seguridad, afirma que no hay pruebas que incriminen a la Gendarmería en la desaparición de Maldonado, incluso que carece de evidencias sobre la presencia del joven en el lugar de los hechos.

Pero los mapuches insisten en responsabilizar a esa fuerza por una brutal represión, y testigos, en un principio encapuchados y sin judicializar la denuncia, dijeron que vieron cómo gendarmes detenían al joven artesano.

Los mapuches afirmaron que no declaraban ante la justicia por temor a ser detenidos por la criminalización de su lucha, pero esta semana dos de ellos, testigos del hecho, se presentaron con la cara descubierta en el juzgado de Esquel y denunciaron a la gendarmería, en lo que se considera un vuelco en la causa.

Bajo juramento, los dos testigos declararon ante el juez de la localidad de Esquel, Guido Otranto, que “Santiago estuvo en el corte de ruta”. Incluso uno de ellos dijo que vio cómo se lo llevaban en una camioneta, según el diario Página/12.

Además, la postura del Gobierno quedó en jaque al complicarse la situación del número dos del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, después de que el ministro de gobierno de Neuquén, Pablo Durán, aseguró que el funcionario nacional estaba en la zona -y no de paso como dijo la versión oficial- coordinando el operativo contra los mapuches el 1 de agosto.

El Gobierno, siempre a través de la ministra Bullrich, acusó a los mapuches, en especial al grupo autodenominado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), de intentar crear una república independiente en la zona y de lanzar atentados terroristas como ataques con bombas molotov e incendios en estancias de esa región patagónica. (I)