Con el primer acuerdo en las conversaciones de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano, referente al acceso y al uso de la tierra, en este país se impulsaría una verdadera reforma agraria en que la tierra quede para el campesino o para grupos de empresas agrarias conformadas por los labriegos.

Esa es la interpretación que algunos grupos de campesinos, gremios rurales y partidos políticos, han dado al primer punto acordado entre las partes y que está incluido dentro de cinco que fueron definidos al comienzo de los diálogos que se han desarrollado en La Habana, en Cuba.

Los diálogos con las FARC se desarrollan en La Habana. Hace una semana hubo el primer acuerdoEl gerente de la Cooperativa Multiactiva de Guaviare (Coagroguaviare), Héctor Pinzón, dijo que la expectativa que tienen los campesinos gira en torno a cómo será la implementación y qué estrategias se utilizarán para hacer cumplir los acuerdos.

“Sabemos y valoramos el avance pero si no hay voluntad del Gobierno, de las partes, de los organismos internacionales, no vamos a ver resultados y menos a corto plazo. Si no hay compromiso, no mejorará el campo en este momento”, sostiene Pinzón.

El gerente de Coagroguaviare asegura que mientras en Colombia no se analice profundamente la política económica “y no se cambie el modelo económico y el Gobierno permita que el campo siga siendo azotado, el campesino no se va a sentir como realmente se debe sentir”.

Por su parte, Carlos Calderón, profesor de ingeniería agroindustrial de la Universidad de la Sabana, también cuestiona la manera en que se dará tratamiento a la propiedad de la tierra, especialmente en lo referente a la creación de un banco. 

Cautela de las Farc luego del primer acuerdo

Iván Márquez, jefe negociador de la guerrilla y máximo dirigente, señaló que pese a que se pasa al segundo punto de la hoja de ruta, hay temas que quedaron pendientes.

“Luego de discutir durante meses en torno a la problemática rural, y de buscar soluciones que efectivamente reivindiquen y rediman al campesino, a las comunidades indígenas y afrodescendientes, y que favorezcan el buen vivir de los colombianos, hemos avanzado en la construcción de un acuerdo con salvedades puntuales que necesariamente tendrán que ser retomadas antes de la concreción de un acuerdo final”, señaló el líder rebelde.

El jefe guerrillero aseguró que son optimistas frente al futuro del proceso de paz, pero manifestó reparos al actual modelo económico. Márquez afirmó que “preocupa que mientras las mayorías reclaman reconciliación y expresan sus anhelos de justicia, el país tenga que seguir soportando la inclemencia de medidas políticas y económicas que entregan nuestro territorio a la voracidad de las transnacionales, se siga profundizando la desigualdad y continúen cayendo compatriotas de lado y lado en una guerra de medio siglo que urge una salida política”.

“Por un lado hay una ley que busca devolver a los campesinos desplazados sus tierras, por otro personas que se apropiaron de terrenos que les habían sido quitados a otros campesinos, entonces, ¿quién se beneficia de la formalización? ¿qué se pretende? y ¿cómo evitar que se involucren personas de mala fe?”, preguntó.

El comunicado conjunto entre los delegados del Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) señalaba que el acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituyan a las víctimas del desplazamiento forzado. 

En ese sentido, Calderón se preguntó si, por ejemplo, en el banco se incluyen las tierras que hoy están en proceso de reclamación o si se trata de una nueva distribución. También mostró su expectativa sobre el tratamiento que se les dará a las propiedades incautadas a narcotraficantes.

La directora del programa de Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad de La Salle, Claudia Patricia Álvarez, resaltó que la formalización de la propiedad es un aspecto independiente del compromiso de las FARC de regresar las tierras usurpadas a los campesinos. 

30.000
efectivos tendría la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

“El punto es que todas las tierras que han sido adquiridas de forma ilegal, bien sea por la guerrilla, paramilitares o particulares, sean devueltas a los campesinos y formalizada su tenencia como garantía de acceso a este recurso base; pero no es lo único para el desarrollo rural”, advirtió.

La docente destacó que para alcanzar una reforma rural son necesarias políticas y programas de desarrollo que tengan como referente el territorio y lo aborden de forma integral, “que incluyan las diferentes dimensiones del desarrollo humano (aspectos sociales, políticos, ambientales y económicos)”. La académica precisó que “es necesaria una actividad productiva que requiere de instrumentos que favorezcan la asociación de los productores, el desarrollo de modelos de negocios que consideren las particularidades del territorio y sus agentes, la asistencia técnica y el crédito, entre otros”. 

Para Álvarez, una verdadera reforma rural contribuirá al crecimiento de la sociedad, a la preservación del ambiente, el bienestar de la población, la erradicación de la pobreza y la disminución de las brechas existentes entre lo rural y lo urbano, como lo proponen el Gobierno y las FARC, en el acuerdo anunciado el domingo pasado.

En cambio Andrés Moncada, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), celebró que se avance en el proceso entre la guerrilla y el Gobierno de Juan Manuel Santos, pero cree que es necesario que se garantice que no está en negociación la política económica ni de desarrollo o crecimiento del país.

“Si nos garantizan que se respetará el derecho a la propiedad, la constitucionalidad, el orden de la propiedad privada, la economía y que no está en negociación el modelo de desarrollo, creemos que se avanzará por un buen camino”, aseguró el dirigente gremial.

El presidente de la Federación de Palmicultores (Fedepalma), Luis Eduardo Betancourt, dijo que “la puesta en marcha de un ambicioso programa de desarrollo agropecuario y rural, de largo aliento y con enfoque territorial, permitirá saldar la deuda histórica acumulada con la sociedad rural. Dicha tarea conserva plena vigencia incluso por fuera del marco de las negociaciones”.

Los cuatro puntos del Acuerdo

Tras el anuncio de un acuerdo en el tema agrario entre el Ejecutivo y la guerrilla, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que “hasta que no tengamos acuerdo en todos los puntos, nada cambia”. No obstante, indicó que es “un primer paso de enorme significado”.

“Es la primera vez en la historia que el Gobierno y las FARC llegan a un acuerdo sobre un punto sustantivo y lo logramos en el tema más complejo que es el agrario”, señaló el mandatario.
Así mismo, explicó los cuatro puntos que comprenden lo firmado y los compromisos del Gobierno al respecto. 

El primer punto que tiene que ver con el acceso y uso de la tierra significa, para el presidente, “distribuir tierra a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente”, mediante un fondo de tierras alimentado de los predios adquiridos ilegalmente, que se obtendrán “a través de la acción vigorosa de los elementos establecidos en la Constitución y la ley”.

Aseguró que los tenedores de buena fe y “la inmensa mayoría de los habitantes del campo nada tienen que temer”.

Advirtió que no se trata de distribuir tierras, sino darles los elementos a los campesinos para acceso a riego, crédito, asistencia técnica y posibilidades de comercialización. “Para garantizar esto se contempla la creación de un sistema judicial de protección eficaz de la propiedad, en especial, de los derechos de propiedad de los más pequeños e indefensos”, señaló el presidente.

El segundo punto dedicado a un sistema de programas de desarrollos, significa para el primer mandatario, la coordinación de “grandes intervenciones” del Estado para que trabajen de la mano con las comunidades “y se logre estabilizar esas regiones”, a través de planes de choque para estas zonas. El tercer pilar tiene que ver con planes nacionales en educación, salud, vías, riego, agua potable, vivienda y protección social para la población campesina, dirigidos a erradicar la pobreza y la pobreza extrema.

El cuarto punto gira en torno a la seguridad alimentaria y nutricional de la población, para que el esfuerzo de la productividad del campo lleve a una producción de alimentos, una mejor nutrición y sobre todo para los más pobres.

Indicó el dirigente empresarial que “el país ha acumulado durante décadas una deuda muy grande con el campo. Los cambios son costosos. La cuenta debe ser pagada por el país entero, cuidando que no recaiga desproporcionadamente sobre quienes no hemos permitido que la actividad en el campo se extinga”.

Para Moncada, cualquier avance en materia de paz y seguridad en el campo es ganancia, toda vez que insistió en que el país está en deuda de garantizar una vida digna en el espacio rural a través del trabajo.
Otros, como el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, consideran que en este momento sería irresponsable hacer comentarios sobre el futuro de los acuerdos en materia de tierras, puesto que no se conoce un documento que explique qué, cuándo, cómo y dónde se van a aplicar los acuerdos del proceso de paz.

“Esos planteamientos fueron los mismos de hace seis meses, cuando se anunció lo que se iba a discutir. Como no sabemos qué se hizo, lo único que nos queda es esperar a que el Gobierno, de forma transparente y oportuna, nos entregue el documento en el cual definen el futuro del sector agropecuario”, advirtió Mejía.

De hecho, desde 2011, el propio presidente Juan Manuel Santos, en la presentación del Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, ya venía haciendo referencia a varios de los puntos que quedaron incorporados en los acuerdos y que se presentaban como las soluciones a implementar durante su mandato para el desarrollo del campo, pero muchos de esos postulados hasta ahora no se han aterrizado a la realidad.
Para Julio Graciliano Campo, integrante del Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Cajibío, Cauca, los acuerdos “se han manejado por lo alto y la comunidad no conoce nada”.

Él explicó que en su región, azotada por las hostilidades y donde hay presencia de  los grupos armados, la gente clama para que el Gobierno Nacional “tome cartas en cuanto al potencial de gente que hoy no tiene una unidad agrícola familiar. Hemos pedido a las multinacionales que devuelvan las hectáreas que tienen en su poder”.

Para Alfredo García, presidente de la Federación Ganadera de Córdoba (Ganacor), las conversaciones que se desarrollan en La Habana “deben darse de la mejor forma para alcanzar el bienestar de todo el pueblo colombiano”.

Añadió que ese bienestar debe traducirse en llevar el desarrollo al campo, tarea en la que, según García, el Gobierno falla.

Una de las propuestas de campaña de Juan Manuel Santos fue potenciar la agricultura“Todo el sector debe conocer los alcances de estos acuerdos porque prima la tenencia de la tierra a cualquier negociación. Nos preocupa que se hable de incursionar en las tierras y lógicamente esto puede suplir la tenencia. El desarrollo del sector agropecuario se debe de mostrar y realizar con el campesinado colombiano, no necesariamente con una estructura de grupos al margen de la ley”, precisó García.

La visión de las víctimas

Desde la perspectiva de las víctimas, muchas de las cuales salieron de sus parcelas por el despojo de los grupos armados ilegales, el presidente de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, manifestó que este acuerdo puede significar una revolución en la política agraria del país.

“Se tratan temas más importantes como el acceso y uso de la tierra, desarrollo con enfoque territorial, infraestructura y adecuación de tierras, desarrollo social, estímulos a la producción agropecuaria y sistema de seguridad alimentaria”, afirmó.

La reforma agraria de la que habla Vega debe disponer de recursos que, según Gabriel Harry Hinestroza, empresario bananero y presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, debe conllevar al apoyo de lo que producen y lo que venden los labriegos.

“Un campesino cuando saca su cosecha y no tiene quién se la compre, se quiebra. El Gobierno tiene que volver a pensar en una entidad que le compre al campesino lo que produce y garantizar unos precios mínimos”, manifestó Hinestroza.

Por su lado, Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, sostuvo que lo principal de los acuerdos de La Habana en el orden rural “es que se respete el ordenamiento territorial social, ambiental, del país. Debe haber respeto a la territorialidad indígena. Temas como zonas de reserva campesina, territorios multiétnicos, territorios para la vida o para la minería, gobiernos territoriales, autonomías territoriales, y otros deben definirse con claridad. Pero también para adelantar la verdadera reforma agraria se requiere de mucha inversión socioeconómica”, dijo el dirigente.