El partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), exguerrilla, anunció ayer que suspende su campaña electoral para los comicios de este año en Colombia tras las protestas ciudadanas contra sus candidatos en los primeros mítines.

“Por el momento hemos decidido suspender actividades de campaña hasta que contemos con las garantías suficientes.

Convocamos a los partidos y movimientos políticos sin excepción a pronunciarse rechazando este tipo de provocaciones”, informó Jorge Torres Victoria, director del partido FARC, que mantiene las siglas del antiguo nombre de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

En los primeros actos de la campaña presidencial de Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ en su época de guerrillero, el líder de la FARC fue abucheado y agredido. La Policía intervino en las ciudades de Cali y Yumbo el miércoles para defenderlo de una multitud que le lanzaba piedras, huevos y tomates antes de un acto de campaña.

Con el 1% de la intención de voto, el líder rebelde se ubica en las últimas posiciones de los aspirantes presidenciales, según encuestas.

Torres Victoria consideró que las protestas son “ataques realizados” contra la campaña política de la FARC que, en su opinión, ponen de manifiesto “la existencia de un plan coordinado y dirigido” contra su partido.

En este sentido, aseguró que el conflicto armado de más de medio siglo al que pusieron fin con un acuerdo de paz “se originó en la intolerancia y la exclusión política mezclada con la violencia”, lo que piensa que se puede reproducir en este momento.

También aseguró que hay “amenazas a militantes de las FARC” en las que “abundan mensajes en las redes sociales incitando a la violencia”, así como “imágenes en las que se pueden identificar claramente a responsables de hechos delictivos” en los que, aseguró, están involucrados sectores del partido Centro Democrático, fundado por el exmandatario Álvaro Uribe.

El presidente Juan Manuel Santos, que dejará el cargo en agosto tras dos períodos, pidió a los colombianos rechazar las agresiones contra los aspirantes de la FARC.

La exguerrilla también llamó la atención por el asesinato de sus excombatientes y de familiares de sus militantes desde la firma en noviembre de 2016 del pacto de paz con el gobierno.

Además temen que se repita la historia de la Unión Patriótica, un partido comunista surgido de unas fallidas negociaciones de paz en el 80, cuyos principales integrantes fueron exterminados por paramilitares de extrema derecha en complicidad con agentes estatales.

El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, dijo el jueves que desde la firma del convenio se asesinaron a 28 exguerrilleros y 12 familiares de excombatientes.

Preguntados acerca de si están sorprendidos por el rechazo del pueblo colombiano, Carlos Antonio Lozada, otro de los líderes del partido, manifestó que “no corresponde con la realidad” decir que la sociedad es la que les ha dado la espalda.

“Yo no diría que es el pueblo colombiano, aseverar eso no corresponde con la realidad. Hemos visto abundantemente todo el material que circula por las redes y es claro que participan líderes regionales de sectores de extrema derecha agrupados en el Centro Democrático”, agregó Lozada.

El pacto de paz garantiza a los rebeldes 10 escaños en el Congreso -cinco en cada cámara- por dos períodos de cuatro años, pero para ello deberán participar en los comicios. Los colombianos elegirán en marzo a sus congresistas y en mayo al nuevo presidente. (I)