En medio de expectativas por el futuro de los diálogos de paz, el vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Carlos Antonio Lozada reiteró la determinación de ese movimiento para abandonar las armas, hasta hoy nudo gordiano en tales pláticas.

Nadie puede creer que luego de consensuado un mecanismo de monitoreo y verificación vamos a jugar con eso, la propuesta nuestra es seria y consistente y no pueden quedar dudas de que vamos a dejar hasta el último fusil, insistió Lozada citado por la revista Semana.

De acuerdo con dicha proposición -agregó- sería un procedimiento escalonado o por etapas: primero la destrucción del material explosivo, después quedaría guardado y custodiado el armamento de apoyo y uso colectivo como ametralladoras y en un tercer momento ocurriría la dejación paulatina de las armas de defensa individual.

Naciones Unidas liderará la supervisión de esa fase una vez instaurada, con la asistencia de observadores latinoamericanos y caribeños.

No obstante los avances en torno a dicha cuestión, evidentemente faltan precisiones para llegar a un pacto definitivo.

Al referirse a lo que resta de proceso, el portavoz de esa agrupación rebelde adelantó que ya entregaron una suerte de hoja de ruta con los hitos fundamentales a desarrollar en venideros períodos, temas que han quedado pendientes.

Ya está en manos del presidente (Juan Manuel Santos), habría que convertir eso en cronograma, dijo.

Desde 2012 representantes gubernamentales y de las FARC, dialogan en Cuba con el objetivo de hallar una salida concertada a la guerra interna, la cual ha ocasionado la muerte a unas 300 mil personas en el transcurso de más de medio siglo.

Ambas partes beligerantes habían apostado al 23 de marzo como fecha límite para terminar las reuniones de manera satisfactoria, sin embargo debido a desacuerdos en temas decisivos optaron por prolongar los ciclos de encuentros en La Habana hasta conseguir lo que cada equipo concibe como un buen tratado.

Según fuentes cercanas a los diálogos, es probable que luego de reanudar las sesiones de trabajo en abril próximo y sin la presión de cumplir con un plazo, las delegaciones puedan resolver los asuntos restantes con escasos contratiempos, indicó el diario El Tiempo de circulación nacional.

Sin embargo, el asesor de las FARC Diego Martínez instó al Gobierno colombiano a reconocer la existencia del paramilitarismo a fin de eliminar lo que consideró un obstáculo para las conversaciones.

El Estado debe admitir que existen grupos de extrema derecha continuadores de la estrategia paramilitar, fenómeno que hay que desmantelar, insistió el jurista luego de subrayar que es esa una de las exigencias de los insurgentes.

No se trata sólo de actores armados, detrás hay una invención política y económica, añadió el experto.

Con esa postura coinciden congresistas como el senador Iván Cepeda, defensores de derechos humanos y líderes de partidos entre los que sobresale Unión Patriótica (UP), víctima de un genocidio en décadas pasadas.

Según Aída Avella, presidenta de UP, la proliferación de esas estructuras criminales es la principal amenaza para conseguir un escenario de distensión completo y duradero.

A partir de 1984 ese bloque perdió a unos cinco mil de sus militantes, en su mayoría exterminados, mientras centenares tuvieron que abandonar el país para proteger sus vidas, recordó la dirigente.

La UP surgió en ese año como resultado de negociaciones entre las FARC y el entonces presidente Belisario Betancur, un fallido proceso pacificador.

A las puertas de un acuerdo para finalizar la confrontación bélica aumentan las amenazas y asesinatos contra miembros de la plataforma Marcha Patriótica y otros simpatizantes de las gestiones en busca de la paz, denunció la abogada Piedad Córdoba.

De 2012 a 2016, período que coincide con las conversaciones en Cuba entre el Gobierno y las FARC-EP, resultaron aniquilados 102 integrantes de esa última convergencia, precisó la excongresista, quien afirma que el paramilitarismo resurge en varias regiones del país. (I)