El gobierno colombiano y la guerrilla comunista de las FARC reanudaron este lunes el diálogo de paz en La Habana tras una breve pausa y pese a las fuertes críticas del grupo rebelde a la propuesta del ejecutivo de someter a referendo un eventual acuerdo.

"Un acuerdo de paz no es un asunto que se pueda definir de manera unilateral, así como el mecanismo de refrendación", dijo la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por su jefe negociador, Iván Márquez, al llegar al Palacio de las Convenciones, sede de los diálogos.

La delegación del gobierno, que preside Humberto de la Calle, no hizo declaraciones.

La guerrilla decidió el viernes hacer una "pausa" en las conversaciones para evaluar la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de celebrar un referendo en 2014 destinado a validar un eventual acuerdo de paz.

Márquez, que es también número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), añadió que "el mecanismo de refrendación no es aspecto que pueda ser resuelto solamente por le gobierno", pues "la paz no debe tener forma de embudo" y la que "requiere Colombia debe incluir la justicia social".

"Tomarse esas atribuciones es flagrante violación del acuerdo general firmado en La Habana (hace un año)", añadió el jefe guerrillero, subrayando que "a pesar de las circunstancias las FARC se mantendrán en la mesa (de diálogo), fieles al compromiso de buscar la paz para Colombia por todos los medios".

Asimismo, insistió en la necesidad de una asamblea Constituyente para Colombia. "¿Por qué el gobierno le tiene miedo a la Constituyente?", se preguntó Márquez, quien dejó en claro "de una vez por todas que no habrá sometimiento de las FARC en ningún marco jurídico con diseños unilaterales".

Según Santos, el referendo tendría lugar el mismo día de las elecciones legislativas o presidenciales de marzo y mayo de 2014 respectivamente, en las que no descarta buscar un segundo mandato.

En las conversaciones de paz de La Habana las partes han discutido hasta ahora dos puntos de una agenda de cinco: el desarrollo rural (ya consensuado) y la participación política de la guerrilla, actualmente en debate.

Quedan aún por abordar los puntos sobre drogas ilícitas, abandono de las armas y reparación a las víctimas.