El jefe de la FARC, el partido político surgido del desarme de la guerrilla comunista en Colombia, pidió este viernes la "intervención" de la ONU ante el "incumplimiento estatal" del acuerdo de paz sellado hace un año con el gobierno.

En una carta abierta al secretario general de la ONU, António Guterres, Rodrigo Londoño (Timochenko), manifiesta su "más encendida alarma por la forma como el Estado colombiano actúa en materia de implementación de los acuerdos".

El dirigente de la FARC se hace eco de las declaraciones del secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, quien advirtió el martes durante su visita a este país que la comunidad internacional no aceptaría que Colombia le incumpla a la exguerrilla el "compromiso esencial" de permitirle participar en política después de que firmó la paz.

Feltman "pudo constatar personalmente el incumplimiento estatal de lo acordado", señala Timochenko en la misiva, al tiempo que invoca "la intervención de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad".

La reincorporación de los miembros de las disueltas FARC, la situación de seguridad en las antiguas zonas de conflicto y las incertidumbres legales para los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (el nombre del nuevo partido que conservó las siglas de la que fue la guerrilla más poderosa del hemisferio) son preocupaciones críticas para los 7.000 excombatientes que depusieron las armas, según Londoño.

El dirigente reprochó los atrasos en la legislación clave en materia de participación política y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), columna vertebral de los acuerdos.

La Corte Constitucional avaló el martes la reforma que implementa el acuerdo, incluida la participación política de los exguerrilleros siempre que cumplan con sus obligaciones ante la JEP, que juzgará los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado de más de medio siglo.

La FARC considera que la corte introdujo en su fallo modificaciones al acuerdo firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre de 2016.

La jurisdicción de paz establece que quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia podrán recibir penas alternativas a prisión.

Santos señaló el martes en una alocución que "algunos pretenden -a estas alturas- que se les prohíba a las FARC hacer política sin antes haber sido juzgados y condenados por la JEP. Eso no fue lo que se pactó".

El Congreso, con una débil mayoría oficialista, debe expedir en las próximas dos semanas la ley que reglamenta la JEP. (I)